Según el ministro Ángel Víctor Torres, el Consejo de Ministros ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la ley de Concordia, aprobada por el gobierno de Aragón del Partido Popular y Vox, de manera conjunta. También ha destacado que en unos meses recurrirán las mismas normas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, si no se hacen cambios en la norma antes.
Esta decisión la ha confirmado el ministro en una rueda de prensa después de la reunión del Consejo, donde ha explicado que se ha tomado esta decisión tres meses después de haya estado tres meses publicado en el Boletín de Aragón la citada norma. Este es el periodo necesario para que se llegue a un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el Central que por el momento no ha tenido lugar.
Víctor Torres ha destacado que desde su partido han intentado llevar a cabo un diálogo de manera formal y llegar a un acuerdo, pero la administración regional no ha querido sentarse a la mesa para “negociar algo inusual”. También ha destacado que el Gobierno ha tomado esta decisión con la aceptación Consejo de Estado y dice que el informe de este órgano concluye que se incumple el deber de colaboración con el Estado. Reprocha que esta norma retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas.
Europa critica la Ley de Concordia
El ministro considera que estas normas que PP y Vox llaman “de concordia2 que también se están desarrollando en otras comunidades gobernadas por estos partidos como Comunidad Valenciana y Castilla y León, “invisibilizan” a las víctimas del bando republicano, dificultan el trabajo de las organizaciones memorialistas que a su juicio “trabajan por la verdad, para que nadie reescriba la historia blanqueado el franquismo”.
Así mismo Ángel Víctor Torres ha recriminado al Gobierno de Aragón que con su intención de no negociar rechaza el informe de los relatores de Naciones Unidas “el derecho internacional y la preservación de los derechos humanos”. Es por este motivo que han decidido recurrir a la Constitución: “la misma que algunos dicen defender, pero olvidan aplicar” y que acudirán “donde sea preciso” para defender los derechos humanos y el derecho internacional.
