Las entidades y colectivos independentistas están intensificando su presión para una rápida implementación de la amnistía, mientras que ERC y Junts celebran el perdón penal del procés y exigen al presidente Pedro Sánchez que aborde de inmediato el referéndum como el siguiente paso en su agenda.
En la víspera de la aprobación en el Congreso, Alerta Solidària anunció su intención de solicitar la aplicación de la Ley a 419 manifestantes y activistas, excluyendo a los líderes políticos del 1-O, como Carles Puigdemont y los condenados por el Tribunal Supremo que ya fueron indultados por el Gobierno.
Un total de 1.168 personas investigadas
Alerta Solidària, que defiende a numerosos independentistas encausados, ha excluido a políticos y trabajadores públicos de su recuento, pero incluye a los 12 miembros de los CDR procesados por terrorismo en la Operación Judas y a 10 investigados por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. Puigdemont y Marta Rovira (ERC) seguirán el camino de los políticos, según aclaró la entidad, al igual que los miembros de la administración o trabajadores bajo órdenes de gobiernos autonómicos o municipales.
De acuerdo con sus cálculos, 1.168 personas han sido investigadas judicialmente por protestas y manifestaciones relacionadas con el proceso independentista y la sentencia del 1-O. De ellas, 597 causas fueron archivadas y 152 personas fueron absueltas (el 27%). Los 419 restantes, para quienes Alerta Solidària solicitará la amnistía, incluyen 143 casos en fase de instrucción, 127 a la espera de juicio, 12 pendientes de sentencia y 137 ya condenados.
El futuro político de Puigdemont y la hoja de ruta independentista
Otro tema crucial ligado a la amnistía es el futuro político de Puigdemont y otros líderes del procés. Mientras Junts negocia con ERC y la CUP la investidura en Cataluña, en la que la abstención del PSC es crucial, el partido ha dado señales de que Puigdemont podría continuar liderando la formación, aunque no obtenga el poder. Esta postura mantiene la incertidumbre sobre su futuro inmediato, justo cuando coincide con la amnistía.
Sin embargo, el independentismo no se conformará solo con el perdón penal del 1-O y ya apunta al referéndum como su «próxima parada» para reactivar el procés. A pesar del revés en las elecciones del 12 de mayo, donde Junts, ERC y la CUP perdieron la mayoría absoluta en Cataluña, los partidos continúan firmes en su intención de exigir otro referéndum al Gobierno a cambio de su apoyo en La Moncloa. Junts y ERC ya han pedido abrir «esta nueva etapa» y, con el perdón penal del procés como primer logro, han exigido abordar cuanto antes la «autodeterminación».
Estrategia de Junts y ERC para el referéndum
Toni Comín advirtió en un acto de campaña que «la fase de represión se acaba provisionalmente» con la aprobación de la amnistía y que su partido se centrará en el objetivo del referéndum de autodeterminación.
Comín recuperó la fórmula que Puigdemont exigió incluir en el acuerdo de investidura con el PSOE negociado en Bruselas: el artículo 92 de la Constitución como vía para celebrar «un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña». «No hay ninguna dificultad legal ni constitucional para que ejerzamos el derecho a la autodeterminación«, afirmó Comín.
