La Corte Suprema anuló una decisión del juez federal de distrito James Boasberg, quien había bloqueado la deportación de pandilleros venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, enviando un mensaje claro a los jueces federales de que no se tolerarán excesos judiciales ni intentos de sobrepasar la autoridad. La administración Trump ha enfrentado diversas medidas cautelares, incluidas órdenes de restricción temporal (TRO) que bloqueaban sus políticas, especialmente en el área de inmigración. Varios jueces de menor nivel han intervenido con bloqueos judiciales que han afectado las políticas del presidente.
Por otro lado, el Departamento de Justicia ha instado repetidamente a la Corte Suprema a revisar el alcance de las medidas cautelares federales, limitando la capacidad de los tribunales inferiores para interferir con las funciones del poder ejecutivo. En una decisión de 5-4, la Corte Suprema revocó la orden de Boasberg, que impedía la implementación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de Trump. No obstante, los jueces determinaron que el caso no debía tramitarse en el Distrito de Columbia, dado que la persona detenida, vinculada a una pandilla, se encontraba en Texas.
A pesar de ello, la Corte afirmó que los venezolanos detenidos tienen derecho a impugnar su deportación. Los jueces señalaron que, aunque los detenidos no pidieran formalmente la liberación, sus reclamaciones eran fundamentales, ya que cuestionaban la validez de su detención y expulsión en virtud de la ley mencionada. Como resultado, los detenidos deberían presentar su caso en un tribunal de habeas corpus. La Corte aclaró que, dado que los detenidos se encontraban en Texas, el Distrito de Columbia no era la jurisdicción apropiada para el caso.
Garantías procesales salvaguardadas
Este cambio de sede representa una victoria parcial para Trump, ya que los tribunales en Texas, que forman parte del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, tienden a ser más favorables a las políticas de inmigración del gobierno. Sin embargo, la Corte Suprema dejó en claro que el proceso de deportación debe respetar el debido proceso, lo que podría retrasar la expulsión de los pandilleros detenidos. Trump había planeado usar la ley para expulsar rápidamente a los miembros del Tren de Aragua, una pandilla venezolana que ganó notoriedad en 2024 tras la compra de propiedades en Colorado.
Una victoria adicional para Trump llegó cuando el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó un plazo impuesto por Boasberg, que obligaba a la administración a repatriar a un inmigrante ilegal de Venezuela, previamente enviado a El Salvador. Aunque los aliados de Trump reconocieron que esta decisión representaba una victoria, también señalaron que su impacto era limitado.
El senador Ron Johnson expresó que la decisión representaba solo un alivio temporal, ya que los jueces de distrito continúan bloqueando las políticas de Trump. En este sentido, destacó que la Corte Suprema necesita actuar con mayor firmeza para controlar la intervención de los jueces de tribunales inferiores en los asuntos del Ejecutivo. Alan Dershowitz, académico de Harvard, opinó que la Corte probablemente respaldará un poder amplio para la deportación, pero dentro de los límites del debido proceso.
La decisión de la Corte del lunes también fue un reproche a la tendencia de los tribunales inferiores a emitir medidas cautelares y órdenes de restricción temporal (TRO), que han sido especialmente frecuentes en los últimos años. Un estudio de la Harvard Law Review reveló que, desde la presidencia de George W. Bush, se habían emitido 96 TRO, de las cuales una parte significativa se produjo durante el primer mandato de Trump. Este estudio también mostró que los tribunales de distrito han emitido más órdenes de este tipo en 2025 que durante los tres primeros años de la administración de Biden.
La procuradora general interina, Sarah Harris, argumentó que el aumento de las medidas cautelares universales obstaculiza el cumplimiento de las funciones del Ejecutivo y que podría inundar el expediente de emergencia de la Corte. La administración también destacó que este tipo de medidas se habían emitido en casos relacionados con las políticas de Trump sobre la 14ª Enmienda y la interpretación de la ciudadanía por nacimiento. A pesar de los diferentes temas legales tratados, las decisiones de la Corte podrían marcar el rumbo de otras apelaciones relacionadas con inmigración.
El estudio de Harvard también mostró que la mayoría de las TRO fueron emitidas por jueces nombrados por presidentes del partido contrario. Algunos jueces, como Samuel Alito y Clarence Thomas, ya habían advertido sobre el abuso del poder por parte de los tribunales inferiores. Sin embargo, la Corte Suprema evitó pronunciarse sobre la legitimidad de las TRO en general en su decisión reciente.
Por su parte, legisladores republicanos, como el senador Chuck Grassley, están considerando acciones legislativas para limitar el alcance de las medidas cautelares a las partes directamente involucradas en el caso, evitando que se apliquen a nivel nacional. Grassley explicó que estas órdenes afectan a todos los tribunales federales y que su propuesta busca restringir el alcance de la autoridad de los jueces de distrito. Además, el senador propuso acelerar el proceso de apelación para corregir rápidamente los posibles errores constitucionales de los jueces de primera instancia.
