El Parlamento de Finlandia ha aprobado recientemente un polémico proyecto de ley migratoria diseñado para limitar la entrada de solicitantes de asilo provenientes de Rusia. Esta legislación, que entra en vigor por un periodo de un año, permitirá a los guardias fronterizos finlandeses denegar la entrada a estos solicitantes sin necesidad de examinar previamente sus solicitudes, siempre que se cumplan ciertas condiciones establecidas por la ley. La medida fue respaldada por 167 diputados frente a 31 en contra, lo que refleja una notable división política en torno al tema.
El nuevo marco legal concede al Gobierno finlandés la autoridad para restringir las solicitudes de protección internacional a determinados periodos y áreas específicas de la frontera. De acuerdo con la ley, solo los solicitantes de asilo que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, como niños y personas con discapacidad, podrán solicitar protección internacional. Estos casos serán evaluados por los guardias fronterizos, y no se permitirá apelar las decisiones.
«Ataques híbridos rusos».
El Ejecutivo del primer ministro conservador Petteri Orpo, quien lidera una coalición con el Partido Finlandés, el Partido Popular Sueco y los democristianos, justifica la medida como una respuesta a lo que consideran «ataques híbridos rusos». Según las autoridades, el paquete legislativo podrá activarse durante un mes en zonas específicas del país si se percibe una amenaza a la soberanía y seguridad de Finlandia. Esta medida responde a la llegada masiva de casi 1.000 inmigrantes sin visado a lo largo de los 1.340 kilómetros de frontera con Rusia durante el otoño pasado, lo que llevó a Helsinki a cerrar la frontera de forma indefinida a finales de 2023.
El Gobierno finlandés ha denunciado una campaña de desestabilización por parte de Moscú, aunque el Kremlin ha rechazado estas acusaciones. La problemática también ha sido observada en países vecinos como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania, especialmente en sus fronteras con Bielorrusia, lo que ha motivado a estos países a adoptar medidas similares.
En una rueda de prensa tras la aprobación de la ley, Orpo declaró que la medida envía un mensaje firme a Rusia y a los aliados de la Unión Europea, destacando el compromiso de Finlandia con su seguridad y la de las fronteras europeas. Sin embargo, la nueva legislación ha sido criticada por diversos sectores. Expertos en derechos humanos han señalado que la ley podría violar compromisos internacionales de Finlandia y su propia Constitución. La oposición, reunida en los alrededores del Parlamento, ha protestado contra lo que consideran una «ley de expulsión», describiendo la jornada como un «día triste para el Estado de Derecho y los derechos humanos en Finlandia». Además, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados habían instado a reconsiderar la legislación, subrayando sus preocupaciones sobre el impacto en los derechos fundamentales.
