Imagen: manifestantes con carteles
La reciente elección de Donald Trump para un segundo mandato ha sembrado preocupación en una parte de la comunidad latina en Estados Unidos, especialmente entre los inmigrantes indocumentados. El miedo a que el presidente cumpla su promesa de deportar a millones de personas que llevan años viviendo en el país ha generado un aumento en la demanda de asesoramiento legal. En Los Ángeles, el condado más poblado de EE.UU., los centros de ayuda a inmigrantes reportan una creciente cantidad de llamadas y largas colas para recibir orientación.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes advierte sobre la amenaza
Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), afirmó que «lo que el presidente Trump promete, lo cumple, especialmente en temas de inmigración«. Cabrera recordó los programas implementados durante los primeros cuatro años del mandato de Trump para frenar el flujo migratorio, incluidos los polémicos esfuerzos por separar a niños de sus padres en la frontera. Esta política generó gran rechazo, incluso dentro de su propia familia, como lo demostró su hija Ivanka Trump, quien calificó la medida como el «momento más bajo» de la presidencia de su padre.
A pesar de la controversia, Trump ha intensificado su discurso contra la inmigración, rodeándose de figuras de línea dura en su nuevo equipo de gobierno. Entre ellos, Tom Homan, quien será el «zar de la frontera»; Stephen Miller, designado subdirector de gabinete en la Casa Blanca; y Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur, como secretaria de Seguridad Nacional. Noem ha calificado el flujo migratorio en la frontera sur como una «invasión» y ha mostrado disposición para frenar la entrada de inmigrantes, a quienes considera «muy peligrosos».
Preparativos ante posibles redadas y deportaciones
Organizaciones como CHIRLA y TODEC, con sede en Riverside, están llevando a cabo campañas informativas para ayudar a los inmigrantes a conocer sus derechos y a prepararse en caso de redadas. En California, donde se estima que residen cerca de dos millones de indocumentados, las leyes de «ciudades santuario» ofrecen protección al limitar la cooperación entre las autoridades locales y los agentes federales. Sin embargo, en estados gobernados por republicanos, las redadas se prevén más frecuentes, y las autoridades locales podrán interrogar a los ciudadanos sobre su estatus migratorio.
Luz Gallegos, directora ejecutiva de TODEC, advierte que es necesario estar preparados para lo peor, dado que las políticas migratorias bajo el mandato de Trump podrían generar un aumento significativo en las detenciones y deportaciones.
La viabilidad de la deportación masiva: un desafío logístico y económico
Uno de los principales interrogantes es si es logísticamente posible deportar a 13 millones de personas en un plazo de cuatro años y cuánto costaría esta operación. El Consejo de Inmigración Americano ha calculado que el costo podría ascender a 315.000 millones de dólares, lo que implicaría la detención de siete veces más personas que la población carcelaria actual del país. Según estos cálculos, por el mismo precio que se necesitaría para deportar a un millón de personas al año, EE.UU. podría construir más de 40.000 nuevas escuelas primarias, crear casi tres millones de viviendas o proporcionar coches nuevos a más de 20 millones de personas.
