Esta semana, un juez de Milán ha dictado una condena significativa que subraya las tensiones entre la libertad de expresión y las críticas políticas en Italia. La periodista italiana Giulia Cortese ha sido multada con 5.000 euros por la primera ministra Giorgia Meloni. Esta sentencia deriva de la publicación de dos mensajes en redes sociales que el juez ha calificado de «difamatorios» y constitutivos de body shaming.
El conflicto comenzó en octubre de 2021, cuando Cortese, en su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), compartió una imagen editada que mostraba a Meloni en un contexto controvertido, con una estantería y una imagen de Benito Mussolini de fondo. Aunque este contenido fue desestimado por el tribunal como no constitutivo de delito, los comentarios adicionales de Cortese sobre la estatura de Meloni fueron considerados un acto de body shaming. En uno de los posts, Cortese se refirió a Meloni como una «mujercita» y en otro comentó: «No me das miedo, Giorgia Meloni. Después de todo, sólo mides 1,2 metros. Ni siquiera puedo verte».
El fallo ha generado una reacción en la prensa y entre los defensores de la libertad de expresión. Cortese ha denunciado que el gobierno italiano está usando el sistema judicial para silenciar a la disidencia periodística. En su declaración tras el veredicto, la periodista sugirió que el actual gobierno tiene un «grave problema con la libertad de expresión», y comparó las acciones legales contra críticos con prácticas autoritarias en otros países, como las del primer ministro húngaro Viktor Orbán, de quien Meloni se ha declarado admiradora.
Esta no es la primera vez que Meloni recurre a la vía judicial contra periodistas. En octubre del año pasado, el reportero antimafia Roberto Saviano fue multado con 1.000 euros por comentarios críticos hacia la postura de Meloni sobre la inmigración. Las acusaciones de abuso del poder judicial para presionar a la prensa han aumentado desde que Meloni asumió el poder en octubre de 2022.
Las organizaciones de prensa han expresado su preocupación por el incremento de las demandas y la presión sobre los periodistas en Italia. Este año, el país ha descendido cinco puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, situándose en el puesto 46. La Comisión Europea también ha comenzado a examinar las «tendencias negativas» en el sector mediático italiano, aunque su informe oficial ha sido retrasado.
