Corea del Sur atraviesa uno de los momentos más turbulentos de su historia democrática tras la emisión de una orden de detención contra el presidente destituido Yoon Suk-yeol. El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl aprobó este martes la medida a petición de la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO). La decisión se produce menos de un mes después de que Yoon declarara la ley marcial en el país, lo que fue tomado de forma muy negativa tanto por la población coreana como por la comunidad internacional. Las imágenes de militares intentando interrumpir la votación parlamentaria para anular la ley marcial recorrieron el mundo, representando una crisis institucional histórica en el país asiático.
Se le acusa de insurrección y abuso de poder
El exmandatario, que gobernó Corea del Sur desde 2022 hasta su suspensión el 14 de diciembre, ha sido acusado de insurrección y abuso de poder, dos cargos realmente graves. Estas se derivan de la declaración de la ley marcial el 3 de diciembre, que justificó señalando un supuesto control antiestatal del Parlamento por parte de la oposición. La medida extrema reavivó recuerdos de las dictaduras militares que el país sufrió en el pasado, lo que generó protestas masivas que llevaron al Parlamento a anular la decisión pocas horas después de su anuncio.
El CIO, encargado de la investigación, sostiene que Yoon planeó y orquestó deliberadamente una insurrección. A pesar de ser citado en tres ocasiones para declarar, el expresidente se ha negado a comparecer, lo que ha intensificado las sospechas en su contra. La orden de detención permite su arresto durante 48 horas para interrogatorios, con la posibilidad de solicitar una extensión si fuese necesario.
Sin embargo, este proceso de ejecución de la orden de detención no está exento de desafíos. El Servicio de Seguridad Presidencial ha bloqueado intentos previos de registro en la residencia oficial de Yoon, alegando motivos de seguridad nacional. No obstante, este martes el tribunal autorizó el registro, lo que facilitará el avance de la investigación.
Sumado a esto, los abogados de Yoon califican las acciones del CIO como ilegales, argumentando que esta institución no tiene competencia para investigar delitos de insurrección, que recaen bajo la jurisdicción de la Fiscalía. En respuesta, el equipo legal del expresidente ha anunciado que presentará una orden judicial para anular la detención.
La inmunidad presidencial
Una de las dudas que más ha surgido en torno a este procedimiento es la aplicabilidad de la inmunidad presidencial de la que gozan los presidentes surcoreanos en la mayoría de procesos penales, sin embargo, esta no aplica en casos de insurrección. Este delito, por ser considerado uno de los más graves en el país, acarrea penas de cadena perpetua o incluso la pena de muerte, aunque esta última se encuentra suspendida desde 1997. Yoon, quien se mantiene firme en su defensa, asegura que actuó dentro de sus competencias y acusa a la oposición de abuso de poder legislativo.
El Tribunal Constitucional decidirá en junio si restituye las funciones de Yoon o lo destituye definitivamente. En caso de confirmarse su cese, se convocarían elecciones presidenciales en un plazo máximo de 60 días.
