Transparencia Internacional ha publicado un informe preocupante que revela signos de corrupción en los contratos gubernamentales del Reino Unido relacionados con la pandemia de COVID-19.
El estudio, titulado Behind the Masks (Detrás de las máscaras), ha sido calificado como “histórico” por medios como The Guardian. El informe señala que más de 15.000 millones de libras en contratos públicos presentan indicios de mal manejo, lo que implica que casi una de cada tres libras gastadas por la Administración Pública durante la crisis sanitaria fue malgastada, según los hallazgos.
El documento destaca que la falta de transparencia en la contabilidad, el aumento descontrolado de los precios y un “sesgo sistémico” contribuyeron a un “enorme desperdicio de fondos públicos”, especialmente en pruebas de COVID-19 y equipos de protección personal (EPI). Aunque se necesitaba actuar con rapidez durante la pandemia, los autores del informe señalan un preocupante desprecio por la transparencia en la publicación de los detalles de los contratos y una peligrosa dependencia de adquisiciones no competitivas.
Incluso después del primer año de la pandemia, el gobierno del Reino Unido continuó otorgando contratos sin licitación, mientras que otros países europeos, como Italia, ya habían vuelto a procesos competitivos.
Entre los principales problemas identificados en el informe destacan la publicación tardía de los contratos, la falta de competencia en la adjudicación y múltiples banderas rojas vinculadas al perfil de los proveedores y los resultados obtenidos. El análisis cubre más de 5.000 contratos de 400 organismos públicos y resalta 135 contratos de alto riesgo, valorados en 15.300 millones de libras, que merecen una investigación exhaustiva por la presencia de al menos tres señales de alerta de corrupción.
Los contratos del equipo sanitario tenían un valor de 1 billón de libras
La ministra de Hacienda del Partido Laborista, Rachel Reeves, ha anunciado el nombramiento de un comisionado anticorrupción para investigar el fraude relacionado con la pandemia, estimado en 7.600 millones de libras. Esta medida pondrá especial atención a los miles de millones gastados en la compra de equipos de protección personal que resultaron inservibles.
Además, la Agencia Nacional contra el Crimen está investigando a PPE Medpro, empresa dirigida por Douglas Barrowman, esposo de la parlamentaria conservadora Michelle Mone, a quien se le adjudicaron contratos por más de 200 millones de libras. Tanto Barrowman como Mone niegan haber cometido irregularidades.
Según datos oficiales, de los contratos firmados por valor de 1 billón de libras desde febrero de 2020, 48.100 millones se destinaron a la pandemia, con un 32% de ese gasto bajo “serias preocupaciones”.
