Imagen: EFE
La Asamblea de Madrid, bajo la mayoría absoluta del Partido Popular, ha aprobado el nombramiento de los siete miembros de la Cámara de Cuentas regional, entre los cuales se encuentra Joaquín Leguina, ex-presidente socialista de la Comunidad de Madrid. Este nombramiento, que solo espera la jura de cargo para oficializarse, ha generado controversia debido a las circunstancias políticas y las discrepancias entre los partidos.
El PSOE en contra
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha logrado evitar expresar su postura sobre el nombramiento al votarse mediante un sistema de urna. Habitualmente, el Parlamento madrileño aprueba estos procesos por consenso entre los grupos, pero Vox se negó a aceptarlo. La alternativa era votar desde los escaños, lo que requería una mayoría cualificada de tres quintos del Pleno, una opción bloqueada por la abstención de Más Madrid y del propio PSOE, argumentando un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo sistema del órgano fiscalizador.
Candidatos a dedo
Este método de votación en urna evitó que los socialistas madrileños tuvieran que posicionarse públicamente sobre la candidatura de Leguina, el único ex-presidente de la Comunidad de Madrid de su partido. En la primera ronda de votación, Leguina recibió el respaldo mayoritario del Partido Popular, mientras que PSOE y Más Madrid votaron por sus propios candidatos. En la segunda ronda, los partidos de izquierda se unieron para nombrar a otro consejero, mientras que el PP dividió sus votos entre dos candidatos. En la última votación, se completó la lista de siete consejeros.
Fiscalización sobre el Gobierno regional
El siguiente paso será la jura del cargo de los designados en la Asamblea de Madrid, tras lo cual serán responsables de elegir al presidente de la Cámara de Cuentas. Aunque no se confirma que Leguina vaya a ser propuesto para este cargo, cinco de los consejeros fueron nombrados por el PP, lo que sugiere una posible influencia en la elección. Mientras tanto, el PSOE ha expresado su intención de ejercer una fiscalización rigurosa sobre el Gobierno regional y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Independencia e imparcialidad
Desde el PP se ha acusado al PSOE de abandonar a Leguina, aunque los socialistas defienden su decisión como parte de un enfoque en seleccionar candidatos comprometidos con la labor de fiscalización. El nombramiento de Leguina, quien ha mostrado simpatías hacia Ayuso, representa un giro significativo en la composición del órgano fiscalizador, generando debates sobre la independencia y la imparcialidad en su función de control.
