Los residentes del barrio de Lucero, especialmente aquellos en los números 14 y 16 de la calle Cullera, están enfrentando una situación «insostenible» debido a la presencia de narcopisos ocupados que pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social, según denuncia Javier Poveda, presidente de la Asociación Vecinal de Lucero. Poveda señala que la zona sufre un flujo constante de drogodependientes que acuden a estos pisos para comprar y consumir drogas, lo que ha generado problemas de seguridad y salubridad en las calles circundantes.
Piden mayor presencia policial
La asociación ha hecho un llamado a las tres administraciones competentes para solicitar una presencia policial las 24 horas en la zona, la recuperación de los narcopisos y la instalación inmediata de cámaras de vigilancia. Sin embargo, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha explicado que los procesos administrativos requieren tiempo y deben cumplir con los procedimientos establecidos por la normativa. Aunque se mostró abierta a discutir las demandas de los vecinos.
Peligro por su proximidad a una escuela
Según los residentes, los traficantes utilizan tanto propiedades ocupadas como propias para el almacenamiento y venta de drogas, lo que ha generado un tránsito constante de toxicómanos en toda la zona, afectando la convivencia y la seguridad de los vecinos. Los pisos ubicados en los números 14 y 16 de la calle Cullera son particularmente problemáticos debido a su proximidad a una escuela y una parroquia.
Puntos de acceso para adquirir sustancias
El acceso a estos puntos de venta de drogas es fácil, especialmente a través del transporte público, con la estación de Metro Laguna como punto de referencia. Los vecinos han reconocido la presencia policial, pero consideran que es insuficiente para abordar el problema de manera efectiva.
Denuncia de las viviendas ocupadas
Las demandas de seguridad de los vecinos incluyen una presencia policial permanente en los portales identificados, una mayor vigilancia en toda la zona y una aceleración de los procesos judiciales contra los ocupantes ilegales. También piden a las autoridades regionales que denuncien las viviendas ocupadas ilegalmente y que incrementen las medidas de seguridad en el Metro. Asimismo, solicitan medidas de atención a los drogodependientes.
Instan al Ayuntamiento a la instalación de cámaras
Por otro lado, exigen al Ayuntamiento de Madrid una instalación urgente de cámaras de vigilancia y una mayor implicación de la Policía Municipal en la vigilancia de la zona. Finalmente, piden a las tres administraciones un plan integral de intervención para abordar la situación de manera definitiva, así como medidas de apoyo económico y social para las comunidades afectadas.
