José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid va a suspender de manera inmediata el otorgamiento de licencias para viviendas de uso turístico y que multiplicará las sanciones a las casas turísticas ilegales. Unas medidas que finalizarán cuando el Gobierno municipal apruebe de manera definitiva el nuevo plan urbanístico de la ciudad.
Según el propio alcalde de Madrid, la primera sanción para un piso turístico ilegal será de 1.000 euros, la segunda de 2.000 euros y la tercera de 3.000, pero a partir de ahora la primera sanción será de 30.000 euros, la segunda de 60.000 y la tercera de 100.000 euros. Almeida ha explicado en una rueda de prensa que estas medidas estarán vigentes hasta que el Gobierno municipal tenga las nuevas normas urbanísticas de la ciudad, cuya aprobación inicial se prevé para septiembre próximo.
El Ayuntamiento de Madrid también ha explicado que aplicará otras medidas de manera más inmediata como incrementar un 15% la plantilla de inspectores para poder perseguir las viviendas turísticas ilegales y se publicarán las direcciones “exactas” de las viviendas turísticas que sí son legales, para que los usuarios sepan si están alquilando una casa turística legal o ilegal. Por otro lado, los pisos turísticos se expanden a la periferia tras la intervención a los alquileres de la Ley de Vivienda, algunas de las zonas donde ya han llegado estos alquileres vacacionales son: Usera, Vallecas o Puerta del Ángel.
Hay 340.000 apartamentos turísticos legales
Pero esta nueva moda en la periferia genera alerta entre los vecinos ya que suele contribuir al incremento de los precios del alquiler convencional, además de las molestias que generan los apartamentos turísticos. La Ley de Vivienda parece estar detrás de la aparición de estos pisos en la periferia, pero, también, los precios más bajos de estas zonas que las del centro de Madrid.
Mientras, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha abogado por limitar los alojamientos turísticos en las zonas tensionadas, respetando las competencias autonómicas, y ha anunciado que, junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, quiere reunirse con las comunidades autónomas para ello. Por este motivo Isabel Rodríguez ha asegurado también que: “No quiero entrar en sus competencias pero esto es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial y el derecho de acceso a la vivienda”.
A modo de ejemplo ha señalado que hay 340.000 apartamentos turísticos legales, más de las viviendas de alquiler asequible que se van a poder poner (183.000) y 14.000 en Madrid, más que la Operación Campamento, a los que se añaden muchos ilegales hay que perseguir.
