La inquietante realidad de la inquiokupación ha ganado terreno en España, con cada vez más casos de inquilinos que dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar las viviendas, convirtiendo la vida de los propietarios en un auténtico infierno. Este fenómeno, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, no solo afecta a quienes alquilan propiedades enteras, sino que también se extiende al alquiler de habitaciones, agravando aún más la tensión al complicar los procedimientos judiciales para desalojar a estos inquilinos.
El caso de Yésica, una propietaria de Alcorcón, es un ejemplo dramático de lo que la inquiokupación puede provocar. Tras invertir en la reforma de su vivienda y enfrentarse a gastos elevados, decidió alquilar una habitación para obtener ingresos adicionales. La inquilina, una joven madre con un hijo menor, le aseguró que Servicios Sociales cubrirían el alquiler. Movida por la compasión y su experiencia personal de haber criado sola a tres hijos, Yésica aceptó.
Sin embargo, la situación dio un giro en marzo de 2023, cuando Yésica le comunicó a la inquilina que no podría renovar el contrato porque necesitaba la habitación para su propio hijo. A partir de entonces, la inquilina no solo dejó de pagar, sino que empezó a amenazarla, asegurando que “sus paisanos” de Albania vendrían a okupar la casa si intentaba desalojarla.
Este tipo de situaciones exponen la vulnerabilidad de los propietarios frente a un sistema que, en muchos casos, no les brinda soluciones rápidas ni eficaces.
Yesica y su madre sufren agresiones físicas y malos tratos
Las agresiones físicas y verbales no tardaron en aparecer. Insultos, vejaciones, golpes e incluso robos dentro del propio hogar de Yésica y su madre de 90 años han convertido la convivencia en un auténtico tormento. Ambas viven bajo un miedo constante, soportando una degradante y peligrosa situación.
Yésica ha presentado más de 30 denuncias contra la inquilina, algunas de las cuales han avanzado en el sistema judicial. Sin embargo, las condenas se han traducido únicamente en multas diarias, sin que se emita una orden de desalojo. El obstáculo radica en que la inquilina, al tener un hijo menor, es considerada «vulnerable» por las autoridades, lo que complica cualquier intento de expulsarla. Este vacío legal deja a los propietarios en una situación de desprotección extrema, obligados a convivir con agresores en su propio hogar.
Además de las agresiones físicas, la inquilina ha infligido un constante maltrato psicológico. Las vejaciones hacia Yésica y su madre han sido incesantes, llegando a extremos de escupir a la anciana, llamarla “vieja prostituta” y agredirla físicamente. En una ocasión, la inquilina le lanzó un sillón, causándole una herida en los pies. A pesar de las denuncias y la gravedad de la situación, el sistema legal parece priorizar la «vulnerabilidad» de ciertos inquilinos sobre los derechos fundamentales de los propietarios, profundizando aún más el drama que viven Yésica y su madre.
