José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha tomado medidas legales para contrarrestar la auditoría realizada por orden de Óscar Puente, actual ministro de Transportes, que lo involucra en la polémica sobre contratos públicos relacionados con el caso Koldo. Este caso, también conocido como el caso PSOE, ha puesto bajo la lupa las adjudicaciones de contratos durante la pandemia, particularmente aquellos relacionados con la compra de mascarillas a través de entidades como Adif y Puertos del Estado.
La auditoría, que comenzó a gestarse en febrero, fue uno de los primeros pasos de Puente en el Ministerio, y desde su inicio Ábalos se mostró en desacuerdo con ella. A pesar de que el exministro no está siendo investigado ni imputado formalmente, la Fiscalía Anticorrupción espera un informe final de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para decidir si se abrirán cargos en su contra.
Defensa de Ábalos
El primer paso de Ábalos en su defensa ha sido argumentar que la auditoría es ilegal e inconstitucional, ya que, según él, vulnera derechos fundamentales como el derecho a la defensa. Para apuntalar su postura, ha encargado un peritaje que busca desacreditar la validez del informe. La defensa alega que este documento es parcial, ya que en su elaboración se entrevistó a personas imputadas, pero no se tomó en cuenta la versión del propio Ábalos ni de ningún miembro de su gabinete. El exministro sostiene que este sesgo pone en evidencia el carácter intencionado de la auditoría, que según su equipo legal, tiene como único fin perjudicarle
La subdirectora de Transportes, responsable de la auditoría, hace 136 referencias directas a Ábalos, aunque evita mencionarlo explícitamente, refiriéndose a él como «el ministro» o «el exministro». Esta estrategia, sumada al hecho de que varios altos cargos de Adif y Puertos del Estado involucrados aún mantienen sus puestos a pesar de la intención de Puente de cesarles, refuerza la percepción de Ábalos de que está siendo injustamente señalado.
El caso Koldo ha alcanzado notoriedad al involucrar a diversos altos funcionarios y empresarios en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. Uno de los principales investigados es Koldo García, asesor del Ministerio de Transportes, quien fue llevado a Madrid por Santos Cerdán, actual número dos del PSOE. Entre los investigados también se encuentran Víctor de Aldama, exasesor de Air Europa, y Juan Carlos Cueto, quienes, según las investigaciones, estarían detrás de Soluciones de Gestión, la empresa adjudicataria de los contratos cuestionados.
A pesar de que Ábalos no ha sido formalmente implicado, las noticias y el informe de auditoría lo mencionan en repetidas ocasiones, lo que, según él, le afecta de forma directa y personal, generando una sensación de indefensión. En sus declaraciones, Ábalos ha reiterado que, durante la adjudicación de los contratos, el principal objetivo era evitar caer en malversación y asegurarse de no ser estafados, dado que el mercado en ese momento estaba plagado de oportunistas debido a la urgencia sanitaria.
Informe de auditoría
Uno de los puntos más controvertidos de la auditoría es su legalidad. Según Ábalos, este tipo de estudios, que buscan detectar posibles irregularidades en los contratos, no pueden ser encargados directamente por un ministerio, especialmente cuando el caso está siendo investigado judicialmente. Para él, esto es una clara vulneración del proceso legal y una muestra de que el Ministerio de Transportes está actuando como juez y parte en este asunto.
Los abogados de Ábalos también subrayan que la auditoría parece diseñada con la intención deliberada de inculpar al exministro, dado que fue difundida ampliamente sin ser remitida al juez Ismael Moreno, quien lleva la instrucción del caso. Para desmontar esta situación, han entregado un dictamen pericial que cuestiona la validez y veracidad del informe de auditoría.
Ábalos defiende su gestión: «No hubo malversación»
Uno de los puntos clave de la defensa de Ábalos es su afirmación de que no se incurrió en malversación en la adjudicación de los contratos. El exministro ha defendido que durante los primeros meses de la pandemia, el mercado estaba lleno de empresas que no tenían experiencia en la comercialización de mascarillas, pero que, debido a la urgencia, el objetivo principal era asegurarse de no ser estafados y de que el material fuera entregado en tiempo y forma.
Ábalos ha señalado que muchas de las empresas que suministraron mascarillas durante ese período se dedicaban a otros sectores, como la producción de bebidas alcohólicas, refrescos, prótesis o incluso trajes regionales. A pesar de esto, el enfoque fue evitar cualquier irregularidad en el proceso de contratación, priorizando la necesidad de obtener los materiales ante la emergencia sanitaria global.
