Alvise Pérez, el líder de Se Acabó la Fiesta (SAF), ha convocado a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, a lo que él ha llamado una ‘Junta de Unidad Nacional’ de cara a abordar “con carácter de urgencia” unas medidas en las que se encuentra, entre otras, la deportación masiva de personas migrantes. Se trata de medidas que Alvise ha calificado como “esenciales” para la “supervivencia y prosperidad de nuestra nación”.
En una carta que ha hecho pública, Alvise ha hecho referencia a la derrota de Marine Le Pen en las elecciones legislativas de este domingo en Francia, en las que su partido ha quedado tercera fuerza política por detrás de la coalición de izquierdas. También al “papel que la movilización de millones de ciudadanos de origen no francés ha jugado en dichos resultados”.
Con ello, el presidente de SAF, que irrumpió en el Parlamento Europeo con tres eurodiputados en las elecciones del 9 de junio, propone «medidas urgentes» como la «deportación masiva de los que obtuvieron la nacionalidad tras entrar ilegalmente» en España o «la paralización inmediata de procesos de nacionalización cuyo origen no sea comunitario o hispanoamericano».
Seis medidas para la “prosperidad” de España
La primera de ellas es la “deportación masiva urgente” e “inmediata” de todos aquellos que “obtuvieron la nacionalidad tras entrar ilegalmente en nuestro país”. Alvise lo califica como un paso imprescindible para “recuperar la naturaleza de nuestra soberanía y el respeto de nuestras leyes y fronteras”.
También habla de otra medida: la “paralización inmediata de procesos de nacionalización”. Es decir, según él, detener los procesos de nacionalización española a todos aquellos que no sean “comunitarios o hispanoamericanos”.
La tercera medida es el “bloqueo militar y comercial” de los países emisores de “cayucos” y pide la participación del Ejército para “repeler con el uso de la fuerza necesaria cualquier intento de ingreso ilegal a España”.
Respecto a las ayudas sociales, Alvise propone garantizar que estas sean únicamente para españoles y extranjeros legales con una cotización mínima. “Ningún inmigrante ilegal debe tener acceso a subvenciones ni derechos sobre vivienda”, añade, además de que estos “deberán demostrar su contribución al sistema durante cinco años antes de ser elegibles para cualquier tipo de ayuda pública”.
Asimismo, propone la reforma del artículo 15 de la Constitución “para incluir trabajos forzados en nuestro ordenamiento jurídico”. Como sexta medida, la no prescripción de delitos de corrupción.