El Ministerio de Igualdad puso en marcha el pasado mayo 2023 un teléfono que tenía la función de atender las denuncias contra la discriminación racial y étnica. Desde que se puso en funcionamiento, Ana Redondo ha gastado 4.385.789,47 euros destinados a la Fundación Secretariado Gitano para la prestación del servicio, así como 1.114.000 para una campaña.
Según la información del portal de transparencia, en total han sido 5.525.789,46 euros destinados a una línea telefónica que ha recibido 9.568 llamadas, de las cuales sólo 932 han sido válidas. Esto significa que cada caso atendido ha costado 5.928 euros al escenario público.
El gabinete de Ana Redondo admite que el funcionamiento de este teléfono es posible gracias a un contrato de 2.923.859,65€, prorrogado por un importe de 1.461.929,82€. Gracias a este montante, el teléfono “es gratuito en todo el territorio nacional y está dirigido a las personas que hayan sufrido o conozcan situaciones de discriminación racial o étnica”.
El ministerio de Ana Redondo argumenta que el servicio que presta este teléfono contra el racismo sirve para “prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación directa o indirecta por su origen racial o étnico, a la hora de tramitar sus reclamaciones; y realizar con autonomía e independencia, análisis y estudios, así como publicar informes independientes sobre la discriminación de las personas por motivos de origen racial o étnico y sobre el respeto al principio de igualdad entendido como ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón del origen racial o étnico de una persona”.
Las llamadas a este teléfono cuestan 6.000 euros
El fin principal de este teléfono novedoso y en desuso de Redondo es que habría “un elevado número de personas que sufre discriminación racial en nuestro país y no lo denuncia, un fenómeno que se conoce en los estudios nacionales e internacionales como infradenuncia”. “El objetivo de aumentar los recursos del nuevo contrato es, precisamente intentar reducir esta infradenuncia”.
Según The Objective, los datos que contiene la primera resolución a la que ha accedido este medio demuestran que en sus primeros 18 meses el teléfono recibió 9.568 llamadas, de las cuales la mayoría fueron calificadas como “erróneas”. Esto es, “por no referirse a materias propias del servicio”. Sólo se consideraron casos reales de racismo 932 de ellas, el 9,74% del total.
Esto significa que el servicio cuesta 5.928 euros por cada caso atendido; 577 por cada llamada que entra, pero que se descarta. Entre estas puede haber episodios que no han sido considerados racistas o directamente bromas telefónicas.