Esperanza Aguirre con Ignacio González y Francisco Granados
La Fiscalía Anticorrupción solicitará durante “la fase de cuestiones previas en el juicio oral” que tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González sean condenados como partícipes a título lucrativo por haberse beneficiado de la trama de corrupción del caso Púnica. También, Anticorrupción reclamará en el juicio oral sobre la supuesta caja b del PP de Madrid.
En lo referido a su figura como testigos, el ministerio público considera vital el testimonio de la exdirigente del PP al ser la persona que dirigía el partido en el momento en el que se cometieron los delitos, tal y como adelantó El País.
Incluso, algunos medios como elDiario.es informan de que Anticorrupción pedirá que Aguirre sea condenada a pagar 26.000 euros en concepto de responsable civil a título lucrativo.
En su escrito de conclusiones, Anticorrupción pide condenar a 7 años y 10 meses de cárcel al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados. También a 3 años y 6 meses de prisión al que fuera dirigente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Considera que son los máximos responsables de la presunta caja b del partido a nivel regional.
En ese escrito, recogido por Europa Press, el Ministerio Público también considera responsable civil a título lucrativo a Ignacio González, al que reclama 28.293,22 euros. Según ha adelantado la cadena Ser y ha confirmado elDiario.es, Anticorrupción solicitará en el trámite de las cuestiones previas, al inicio del juicio, que Aguirre y González sean condenados en la citada modalidad.
Caja B del PP de Madrid
La que fuera presidente de la Comunidad de Madrid estuvo imputada en la trama de la supuesta contabilidad paralela durante tres años, pero el juez Manuel García-Castellón decidió archivar en 2022 la causa que apuntaba a Aguirre. La justificación, según aludió, apuntaba a la falta de pruebas concluyentes, pese a que la líder del PP fue una de las principales beneficiarias de la citada caja b, con la que se pagaban sus campañas electorales.
Los investigadores otorgan la responsabilidad de la financiación irregular a Francisco Granados, quien era la mano derecha de Aguirre y secretario general del partido autonómico, y Beltrán Gutiérrez, gerente de los populares. La Fiscalía Anticorrupción pide casi ocho años de prisión para el pupilo de la expresidenta y tres años y medio para el otro acusado.
