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La Mesa del Congreso, bajo la presidencia de Francina Armengol, ha decidido activar de inmediato la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica sobre el intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, que permitirá la liberación de más de 40 etarras. La decisión implica enviar el texto al Boletín Oficial del Estado (BOE), donde será publicado para su inmediata ejecución.
El Congreso defiende su actuación legal
En menos de 24 horas, la Cámara Baja ha tomado esta determinación basándose en la recomendación verbal de los servicios jurídicos del Congreso. Según estas fuentes, el proceso se considera «validado» y ajustado a las normativas, lo que ha permitido remitir el proyecto de ley al BOE para su publicación oficial. El rechazo del Senado no ha impedido que la norma siga su curso.
Fuentes cercanas a la Mesa del Congreso acusan al presidente del Senado, Pedro Rollán, de no haber cumplido con los plazos estipulados por la Constitución para tramitar la ley, que se gestionaba con carácter de urgencia. Además, sostienen que el Senado no siguió el procedimiento correcto al votar sin presentar un veto apoyado por mayoría absoluta, lo que podría haber frenado el avance del proyecto.
La derecha critica la decisión, pero sin margen para bloquearla
Aunque la ley ha sido devuelta al Congreso, el Partido Popular no parece tener más margen para bloquear la medida. El Senado ya ha cumplido su función, según fuentes de la propia Mesa del Senado, por lo que cualquier acción futura queda en manos del grupo parlamentario popular. Desde la presidencia del Senado, se espera una justificación jurídica del Congreso, aunque los letrados del Congreso han comunicado su postura de forma verbal, sin emitir un informe por escrito.
Alicia García, portavoz del PP en el Senado, ha criticado duramente la maniobra de Armengol, a quien acusa de poner el Congreso «al servicio del sanchismo». Según García, el PSOE utiliza su poder para cumplir acuerdos políticos encubiertos, mientras el PP defiende la legitimidad del voto mayoritario del Senado para frenar lo que considera una ley «indigna».
Dudas jurídicas y precedentes inéditos
El Senado, por su parte, ha expresado dudas sobre los procedimientos seguidos. En un informe de los letrados de la Cámara Alta, se destaca la falta de precedentes para una situación como la actual, donde un texto es rechazado por mayoría absoluta sin que se hayan presentado enmiendas ni vetos. Según el documento, un rechazo por mayoría absoluta debería tener el efecto jurídico de un veto, devolviendo el texto al Congreso. Sin embargo, esta situación es inédita y, por tanto, no existen casos previos que sirvan de guía.
