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21 Dic 2024
21 Dic 2024
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Bildu prepara un cargo en el centro de memoria histórica para el exasesor de Moncloa

Este nuevo fichaje de EH Bildu trabaja desde 2015 en el Consejo de Dirección de Gogora, conocido como el instituto de la memoria del Gobierno vasco
Bildu

El partido independentista EH Bildu ha propuesto que Paco Etxeberria Gabilondo, médico forense que colaboró con el Gobierno de Pedro Sánchez en la redacción de la Ley de Memoria Democrática, forme parte de su centro de memoria del Gobierno vasco. Etxeberria es especialista en la investigación de fosas comunes.

Durante su tiempo en la Moncloa, Etxeberria trabajó junto al ministro Félix Bolaños en la Ley de Memoria Democrática, la cual entró en vigor en 2022 y fue criticada por extender su aplicación hasta finales de 1983. Este nuevo fichaje de EH Bildu ha trabajado desde 2015 en el Consejo de Dirección de Gogora, conocido como el instituto de la memoria del Gobierno vasco.

Es importante destacar que su cargo como político en dicho instituto es posible debido a que la ley actual permite a los partidos designar a cinco miembros “independientes de entre personas de reconocido prestigio en la promoción de la memoria y en la defensa de las libertades cívicas y de los principios de convivencia democrática”.

A raíz de este cambio en la ley, el partido independentista vasco ha decidido que dos de esos cinco miembros designados por la ley sean Paco Etxeberria Gabilondo y Pilar Garaialde Salsamendi, a quien califican de “víctima del terrorismo de Estado”.

Paco Etxeberria tiene afinidad ideológica con EH Bildu

La noticia de esta propuesta se ha conocido a través de un comunicado enviado por el mismo partido que ha difundido el medio The Objective: “En atención a la representación que le corresponde en función de los resultados electorales, EH Bildu ha presentado dos candidaturas en línea con su apuesta por una memoria inclusiva y el reconocimiento de todas las víctimas. La votación de las diferentes candidaturas tendrá lugar el miércoles en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos”.

Según The Obejctive, “Esa ley permitió convocar una comisión técnica formada por expertos para abordar “posibles vías de reconocimiento y reparación a ese colectivo”. “Ese articulado alimentó las críticas de la oposición, aunque el Ejecutivo sostuvo que la ley no daría paso a una investigación judicial de hechos posteriores a la Constitución, puesto que la vía jurisdiccional se agotaría en 1978”.

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