El conflicto laboral en MasOrange, empresa surgida de la fusión entre Orange España y MásMóvil, tras el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 745 trabajadores ha generado indignación y movilizaciones en las calles de Madrid, donde sindicatos y trabajadores denuncian las prácticas abusivas de los inversores que, según afirman, priorizan los beneficios a corto plazo a costa de los derechos laborales.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha sido uno de los rostros más visibles en esta lucha, alzando la voz contra lo que considera un atropello contra los trabajadores. Durante la concentración en la Puerta del Sol, Sordo calificó las condiciones impuestas por la empresa como «absolutamente abusivas» y aseguró que la situación da «vergüenza». Para el líder sindical, este conflicto pone en evidencia un problema mucho más amplio y estructural, que no solo afecta a MasOrange, sino a muchas otras empresas del país, especialmente en sectores estratégicos como las telecomunicaciones.
Inversores que priorizan el beneficio a corto plazo
Uno de los puntos clave de la denuncia de Sordo es la crítica hacia los inversores que entran en el capital de las empresas sin un compromiso real con su sostenibilidad a largo plazo. En su intervención, dejó claro que el Estado debe replantearse las herramientas de regulación para que los inversores no adopten políticas de despidos masivos y antisociales en busca de rendimientos rápidos. Para Sordo, la práctica de «mejorar los rendimientos de los accionistas a costa de las espaldas de los trabajadores» no es solo injusta, sino también un lastre para la viabilidad de las empresas y el bienestar de la sociedad.
MasOrange, un actor clave en el sector de las telecomunicaciones, ha visto crecer sus beneficios gracias a su posición dominante en el mercado. Sin embargo, lejos de utilizar sus recursos para fortalecer la plantilla y garantizar la estabilidad laboral, ha optado por recortar puestos de trabajo, lo que Sordo ha tildado de estrategia puramente especulativa. «Es una vergüenza que sectores que generan pingües beneficios, como las telecomunicaciones, prescindan de trabajadores para maximizar sus ganancias», sentenció.
Unai Sordo no ha dudado en lanzar un mensaje directo al Gobierno y a las Administraciones: lo que está ocurriendo en esta empresa no es un caso aislado. «Hace poco ocurrió en Vodafone, pero también en empresas industriales», recordó. Este patrón de comportamiento, en el que los inversores internacionales se desentienden del futuro a largo plazo de las compañías en las que participan, es preocupante, especialmente en sectores estratégicos para la economía del país.
El Estado ha inyectado importantes sumas de dinero público para facilitar la digitalización y la transición económica, la idea de que «especuladores» estén jugando con los puestos de trabajo de miles de personas resulta inadmisible para los sindicatos. «No se puede permitir que hagan y deshagan a su antojo en empresas que deberían garantizar estabilidad y progreso», sentenció Sordo
Respuesta de los trabajadores
Bajo lemas como «El puesto de trabajo no se vende, se defiende», los trabajadores de MasOrange dejaron claro que no van a aceptar un ERE que consideran injusto y perjudicial. La oferta de la empresa, que propone 30 días de indemnización por año trabajado, con un máximo de 18 mensualidades, y prejubilaciones a partir de los 59 años, ha sido recibida con rechazo. Además, la posibilidad de que se lleven a cabo despidos «forzosos» si no se alcanzan los cupos de salidas «voluntarias» previstos por la dirección, agrava aún más la tensión entre los empleados y la compañía.
A la concentración también asistió Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, quien mostró su apoyo a los trabajadores y expresó su oposición al ERE. «Estamos contra el ERE que quiere llevar a cabo MasOrange, una empresa con beneficios millonarios que quiere dejar en la calle a 800 trabajadores», afirmó Errejón, visiblemente indignado. Además, aseguró que estarán «vigilantes» para que los despidos sean voluntarios y que las indemnizaciones y prejubilaciones sean dignas.
