El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a tomar medidas que levantan sospechas sobre sus intenciones democráticas, esta vez con un anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). En un movimiento que apunta directamente a limitar la acción de asociaciones como Manos Limpias, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, busca restringir el acceso a la figura de la acusación popular, una herramienta constitucional diseñada para fomentar la participación ciudadana en la defensa de la legalidad.
La propuesta, impulsada por Moncloa, tiene como objetivo excluir a partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas de la acción popular, con el argumento de evitar su supuesta instrumentalización política. Sin embargo, lo que el Gobierno presenta como un ejercicio de «higiene democrática» parece más bien un intento de blindarse frente a investigaciones incómodas. Esta figura, única en España, ha permitido en numerosas ocasiones que ciudadanos y asociaciones fiscalicen los abusos de poder y actúen como contrapeso frente a posibles excesos del Ejecutivo.
La excusa oficial se centra en el supuesto uso fraudulento de esta herramienta por parte de organizaciones que tildan de «ultraderechistas» para perseguir políticamente a miembros del Gobierno, sin valorar que sus acusaciones pueden ser fundadas. Sin embargo, esta narrativa no disimula la intención de restringir un derecho ciudadano que, aunque en la actualidad puede ser objeto de abuso, también ha sido clave para destapar irregularidades en la esfera pública.
El PSOE criminaliza a la oposición democrática
En su última comparecencia, Bolaños arremetió contra lo que calificó como “grupos ultras” y acusó al Partido Popular y a Vox de beneficiarse de las querellas interpuestas por estas asociaciones. Según el ministro, estas entidades «pervierten la figura de la acusación popular» para atacar a políticos «progresistas honrados». Una afirmación que, además de generalizadora, parece diseñada para justificar una reforma que limita la capacidad de la ciudadanía de ejercer control sobre quienes ostentan el poder.
Resulta llamativo que el Gobierno haya puesto en marcha esta reforma justo cuando Manos Limpias y otras asociaciones han impulsado investigaciones contra figuras cercanas al PSOE. En lugar de reforzar los mecanismos para evitar abusos, la solución de Moncloa parece pasar por cerrar la puerta a la participación ciudadana, dejando el campo libre para que el Ejecutivo controle aún más el sistema judicial.
La reforma, que previsiblemente se presentará en el primer trimestre de 2025, también plantea otorgar más poder al juez de garantías para restringir la acción popular en casos de especial complejidad. Aunque esta medida se presenta como una forma de agilizar los procesos judiciales, no está claro cómo se evitará que se utilice para frenar investigaciones incómodas para el poder político.
Por otra parte, la exclusión de partidos y sindicatos de esta figura, bajo el pretexto de garantizar la coherencia institucional, parece obviar que estas entidades, como actores clave en el sistema democrático, tienen un interés legítimo en la defensa de la legalidad. Al eliminar su participación, el Gobierno reduce aún más la pluralidad en la acción judicial y se blinda de acusaciones incómodas como las que ahora penden sobre el Ejecutivo.
