La Audiencia Nacional ha condenado a 18 años de prisión a Pompeyo González, un jubilado de 76 años, por el envío de cartas explosivas a diversas instituciones en 2022. Entre los destinatarios se encontraban el Palacio de la Moncloa, el Ministerio de Defensa, la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Ucrania. González ha sido sentenciado a 10 años de cárcel por delito de terrorismo y a 8 años por la fabricación, tenencia, colocación y empleo de aparatos explosivos con finalidad terrorista.
La Fiscalía había solicitado una pena de 22 años, mientras que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) pedía 24 años de prisión. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, con ponencia del magistrado Carlos Fraile Coloma, determinó que González actuó con «el propósito de causar una gran conmoción en la sociedad española que ejerciese presión para que los gobiernos de España y de EE. UU., y otras entidades radicadas en territorio español, dejasen de prestar apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia».
La resolución judicial detalla que González, desde su domicilio en Miranda de Ebro, confeccionó seis artefactos explosivos en la segunda mitad de 2022, utilizando cajas de madera cuya apertura provocaba la detonación. Estos artefactos fueron enviados por vía postal en sobres de cartón, con etiquetas manuscritas indicando los destinatarios.
El jubilado que mandó las cartas a Sánchez se enfrenta a la Justicia
Los magistrados subrayan que la cantidad de explosivo empleada era «suficiente para producir lesiones de diferente consideración», dependiendo de la cercanía y los órganos afectados por la explosión y la metralla. Sin embargo, todos los artefactos, excepto el destinado a la Embajada de Ucrania, fueron desactivados o detonados de manera controlada por los servicios de seguridad. El dispositivo enviado a la Embajada de Ucrania fue abierto por un empleado que resultó herido en el brazo.
A pesar de que González negó su autoría durante el juicio, el tribunal sostiene que «son múltiples las pruebas» que lo señalan como responsable. Las explicaciones del acusado sobre su actividad en internet y la compra de materiales para los artefactos fueron consideradas «escasamente consistentes» y «desvirtuadas por el acervo probatorio».
