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El líder de los populares ha convocado a sus 11 presidentes territoriales para un nuevo cónclave el 6 de septiembre, con la financiación autonómica nuevamente como tema central. El objetivo es articular un «frente común» contra el acuerdo entre el PSC y ERC, que contempla una financiación singular para Cataluña. Sin embargo, las diferencias entre las comunidades gobernadas por el PP anticipan desafíos para lograr una propuesta unificada.
Desafíos internos y diversidad de demandas autonómicas
Desde que el PSC y ERC pactaron una financiación especial para Cataluña, los presidentes autonómicos del PP han expresado su rechazo, considerando que esto supone una «mutación constitucional». Feijóo, en una reciente entrevista, subrayó que sus barones tratarán de construir una estrategia para oponerse frontalmente a este acuerdo, insistiendo en que se debe evitar la desigualdad en servicios como la sanidad y la educación, que podría generar la Agencia Tributaria Catalana.
No obstante, la verdadera dificultad para el político radica en conciliar las demandas de sus comunidades, cada una con necesidades y contextos particulares. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene pendiente la reforma de la Ley de Financiación Autonómica (Lofca), cuyo sistema, vigente desde 2009 y caducado desde 2014, sigue sin actualizarse debido a la falta de consenso. Aunque Montero ha manifestado su intención de negociar con el PP, los territorios insisten en mantener sus reclamaciones propias.
Infrafinanciación de comunidades autónomas
Comunidades como Andalucía, la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, históricamente infrafinanciadas, urgen un rediseño del sistema y abogan por una revisión del criterio de población ajustada, que distribuye los recursos en función de factores demográficos y geográficos. A esta demanda se une Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, quien comparte preocupaciones similares.
Por otro lado, Galicia, Castilla y León y Extremadura, afectadas por la despoblación y el envejecimiento, piden que se priorice el coste de los servicios por habitante, considerando la dispersión poblacional y la alta edad media de sus residentes. En contraste, Madrid y Baleares, comunidades aportadoras netas, insisten en que la redistribución de recursos no debería alterar el ránking de recursos per cápita, defendiendo el principio de ordinalidad.
Génova busca unificar posturas, pero enfrenta obstáculos
El equipo económico del PP, liderado por Juan Bravo, ha trabajado durante meses en la elaboración de una hoja de ruta común para sus comunidades. Aunque las «líneas maestras» de este documento ya están delineadas, no se ha fijado una fecha para su presentación. Desde Génova, se critica a Montero por no haber aprovechado su mayoría en las comunidades para reformar el sistema cuando tuvo la oportunidad, y se reclama una negociación similar a la realizada en 2017 bajo la dirección de Cristóbal Montoro, en la que participaron tanto comunidades de izquierdas como de derechas.
Sin embargo, la tarea de unificar las distintas demandas autonómicas sigue siendo un desafío complejo. Los líderes del PP reconocen que no todas las comunidades podrán obtener el 100% de lo que desean, pero apuntan a un objetivo común del 85%. A pesar de las diferencias, se subraya la importancia de acercar posturas y alcanzar un consenso.
