El líder de Junts, Carles Puigdemont EFE
La ley de “amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña» ha entrado en vigor este martes tras su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir de ahora, son los jueces que lleven causas que puedan verse afectadas por la medida quienes tendrán que estudiar si la norma es aplicable a ese caso, según prevé el texto de la ley: “Corresponde al poder legislativo el establecimiento de los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador”.
Los jueces tienen dos meses para aplicar la norma, pero el texto publicado establece algunas medidas que deben adoptar con carácter “inmediato”. Entre ellas, el alzamiento de las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención y cualquier medida cautelar que se hubiera adoptado sobre los potenciales beneficiarios de la amnistía.
El decreto, firmado por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez recoge la norma que el Congreso respaldó el pasado 30 de mayo con 177 votos a favor de la izquierda y el nacionalismo, y 172 en contra de PP, Vox, CC y UPN.
¿Qué pasará con Puigdemont?
La previsión de carácter “inmediato” que deben tomar los jueces afecta directamente al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden nacional de detención. Esta causa está en manos del Tribunal Supremo, que será el que ahora debe decidir sobre si aplica la amnistía a Puigdemont, procesado por malversación agravada y desobediencia en la causa del procés.
Aunque la norma contempla el alzamiento inmediato de la orden de arresto, el Supremo entiende que para dictar esa resolución tiene que haber decidido previamente si el líder de Junts puede verse beneficiado por la ley. Los escenarios son tres: amnistiarlo directamente; elevar una cuestión a la justicia europea o al Tribunal Constitucional; o rechazar aplicar la medida de gracia al expresidente catalán. El peor escenario para Puigdemont sería que el Supremo considere la malversación agravada que se le atribuye no pueda ser amnistiada.
Además, el Supremo también tiene que decidir cómo afecta la amnistía a Puigdemont en la causa de Tsunami Democràtic, donde se lo investiga por un delito de terrorismo, para el que la medida de gracia también contempla excepciones en su aplicación. El tribunal no ha dictado todavía ninguna medida contra el expresidente catalán en esta causa, aunque lo ha citado a declarar por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio.
