El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado que su posición está protegida legalmente y que el Gobierno no tiene autoridad para destituirlo. Sus declaraciones se produjeron después de que el Tribunal Supremo invalidara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, y de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abriera una causa penal contra dos fiscales de Madrid por la filtración de datos confidenciales relacionados con la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Nuevas exigencias por el nivel de escrutinio
En referencia al primer asunto, García Ortiz explicó que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha cambiado su interpretación sobre los nombramientos discrecionales al anular los ascensos de su predecesora en el cargo y ex ministra del Gobierno de Pedro Sánchez en dos ocasiones. Señaló que la Sala ha elevado el nivel de escrutinio sobre estos nombramientos, lo que ha generado nuevas exigencias.
No existía la incompatibilidad en el caso de Dolores Delgado
Respecto al motivo por el cual impidió que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre el supuesto conflicto de intereses de Delgado para el cargo, García Ortiz lo calificó como una táctica dilatoria. Sostuvo que la incompatibilidad no existía, justificando su decisión en base a esa percepción. Sin embargo, el Tribunal Supremo ordenó retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal resuelva este conflicto de intereses.
Anulación del nombramiento
El Alto Tribunal decidió anular el decreto de nombramiento de Delgado y ordenó que el Consejo Fiscal se pronunciara sobre la posible prohibición de su nombramiento, según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Defensa del Ministerio Público
Sobre la revelación de detalles de las negociaciones entre el letrado de la pareja de Ayuso y el fiscal de Madrid Julián Salto por parte de la Fiscalía, García Ortiz defendió la actuación del Ministerio Público como proporcionada. Afirmó que «perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces» y que no se puede permitir la difusión de información falsa.
Una tranquilidad relativa
En relación con la reprobación del Senado a su figura como máximo responsable de la Fiscalía, García Ortiz manifestó que estaría tranquilo si las acusaciones fueran infundadas, pero que le preocuparía si fueran fundamentadas en hechos reales.
