Es la primera vez en la historia de la democracia de España que un fiscal general del Estado es imputado de manera formal. El Supremo ha admitido su competencia y va a investigar formalmente a Álvaro García Ortiz, titular del Ministerio público, por un presunto delito de revelación de secretos.
El Alto Tribunal se ha declarado competente para asumir la causa procedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, TSJM, elevó una exposición motivada teniendo en cuenta la condición de aforado de García Ortiz y los indicios preliminares que pesan sobre él, como máximo responsable de la institución que filtró datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, contenidos en el marco de la negociación de un pacto de conformidad por un supuesto delito fiscal.
La Sala Segunda de lo Penal del Supremo ha acordado de manera unánime abrir una causa sobre Pilar Rodríguez Fernández, fiscal jefa provincial de Madrid, quien supuestamente fue la persona que envió a García Ortiz los datos necesarios para elaborar la nota con información confidencial del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hay que señalar que Pilar Rodríguez Fernández no tiene la condición de aforada.
El Alto Tribunal abre una causa contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez Fernández
El auto presentado por el Alto Tribunal detalla que las acciones llevadas a cabo por Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez Fernández, guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas.
Según se ha conocido, el instructor de dicha causa será el magistrado Ángel Luis Hurtado. En el auto presentado por Hurtado, este recoge que, de la exposición razonada enviada por el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como de las querellas y denuncias presentadas, se desprende la imputación al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de la fiscalía provincial de Madrid de un delito de revelación de secretos.
La Sala explica que las informaciones contenidas en esa nota informativa ya habían sido sacadas a la luz por distintos medios informativos de prensa y programas radiofónicos los días 12 y 13 de marzo. En concreto, habían informado de la existencia de un correo electrónico del abogado del particular investigado, de fecha 2 de marzo de 2024, dirigido a la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que manifestaba que, de común acuerdo con su cliente, asumía la comisión de dos delitos fiscales “reconociendo íntegramente los hechos” y se comprometía a pagar la cuota e intereses de demora.
