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El Ejecutivo intenta conseguir apoyos para aprobar las enmiendas al proyecto de ley que establecería un tipo impositivo mínimo global del 15% para las multinacionales. Tras prorrogar la fecha límite hasta este miércoles 30 de octubre, el PSOE está negociando con los partidos de la mayoría de investidura en el Congreso. Entre las enmiendas propuestas destacan la introducción de un impuesto sobre los productos de vapeo con nicotina, la reactivación de límites a deducciones de bases negativas anuladas por el Tribunal Constitucional, y la devolución de pérdidas en el exterior anotadas antes de 2012, medida ya impulsada previamente por el exministro Cristóbal Montoro.
El impuesto al vapeo y los debates sobre banca y energéticas
El libro blanco para la reforma fiscal de 2022 ya sugería gravar los cigarrillos electrónicos, argumentando que, a pesar de contener nicotina, estos productos solo tributan por el IVA. Sanidad ha propuesto un impuesto específico de 0,15 euros por mililitro y 0,006 euros por miligramo de nicotina, acercándose al promedio europeo. En contraste, el tabaco convencional paga un tipo del 51% sobre el precio de venta y un tipo específico de 24,1 euros por cada 1.000 cigarrillos.
Por su parte, el impuesto a la banca se quiere modular según los márgenes de rentabilidad sobre activos (ROA), estableciendo un umbral a partir del cual las entidades pagarían el impuesto completo. Sin embargo, se debate si el umbral debe fijarse por entidad o de manera general. Hacienda también busca que la cuota abonada en el impuesto de sociedades pueda deducirse del impuesto energético y bancario para evitar la doble imposición, aunque existe escepticismo sobre la viabilidad de estas enmiendas.
Propuestas en suspenso y presiones políticas
Fuentes cercanas a la negociación descartan una subida de impuestos a los seguros de salud privados y cualquier impuesto sobre pisos turísticos mientras no haya una regulación europea. Asimismo, aunque Sumar propuso un mínimo de tributación en el impuesto de sucesiones y donaciones, Junts apuesta por bajar el tipo de sociedades y elevar el mínimo exento de patrimonio. La negociación permanece en un frágil equilibrio debido a las diferentes prioridades y vetos cruzados entre los partidos.
Reforma fiscal: un desafío de equilibrios políticos
La complicada tarea de recaudar fondos sin desatar tensiones se complica cuando el Gobierno debe responder a diversas sensibilidades políticas para lograr una mayoría en el Parlamento. La reforma fiscal tiene dos objetivos: aumentar el margen de gasto y cumplir con el compromiso de reforma que forma parte de los fondos europeos, dotados de 6.500 millones de euros. El plan fiscal presentado hace dos semanas incluye un compromiso de reforma valorado en un 0,3% del PIB (unos 4.500 millones de euros), centrado en el refuerzo de la progresividad, aumento de la tributación corporativa y fiscalidad medioambiental.
Sector energético: una batalla entre partidos y empresas
Las críticas de Repsol, que califica el impuesto a energéticas de “demagogia fiscal,” han suscitado preocupación en el Gobierno y reacciones en el PNV y Junts. El PNV acordó con el Ejecutivo que el gravamen se convierta en un impuesto, permitiéndole concertarlo y quedarse con los ingresos o bonificarlo para que las empresas no deban pagarlo en su territorio. Además, se han pactado deducciones para inversiones verdes, aunque estas medidas podrían reducir la capacidad recaudatoria. La lucha entre las petroleras e Iberdrola sobre el origen de los beneficios (petróleo y gas frente a energías renovables) también añade fricción.
