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23 Sep 2024
23 Sep 2024
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El Gobierno entrega un disco vacío en la investigación del megacontrato de Salvador Illa

El juez ha ordenado que se remitan de nuevo los documentos solicitados, pero esta vez sin imponer un plazo

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) presenta dudas sobre la gestión del Acuerdo Marco de 2.500 millones de euros, impulsado por el Ministerio de Sanidad bajo la dirección de Salvador Illa. Este contrato, concebido para poner fin a las millonarias adjudicaciones a dedo de material sanitario, ahora enfrenta un proceso judicial .

DVD sin contenido

La empresa demandante, que busca aclarar el destino de los contratos, recibió la notificación oficial del incidente. En la misma se informa que el DVD enviado por el Ingesa carecía de cualquier tipo de contenido, dejando en el aire la entrega de documentos esenciales para avanzar en la investigación.

Este Acuerdo Marco, valorado en 2.500 millones de euros, se puso en marcha en 2020 con la finalidad de dotar a España de los recursos sanitarios necesarios para enfrentar la pandemia de COVID-19. No obstante, el contrato también pretendía solventar las adjudicaciones irregulares y mejorar la transparencia en las compras de material sanitario. Sin embargo, lejos de cumplir con sus objetivos iniciales, el proceso ha sido objeto de un creciente escrutinio, especialmente después de que el juez admitiera parcialmente una demanda que señala posibles irregularidades.

El juzgado busca obtener una serie de aclaraciones fundamentales: ¿cuántos contratos de los lotes 1 y 7 del Acuerdo Marco se llegaron a ejecutar? ¿Qué empresas fueron beneficiadas? Y, lo más importante, ¿por qué se mantuvieron las adjudicaciones directas en lugar de recurrir al Acuerdo Marco que se había diseñado precisamente para evitar esta práctica?

Uno de los puntos clave en la investigación es el papel de la Reserva Estratégica Nacional. A pesar de que el Acuerdo Marco establecía que se utilizaría para abastecer esta reserva, la realidad fue otra. El Ingesa no recurrió al megacontrato para dotar de material sanitario a la reserva, debido a que esta ya contaba con un excedente considerable. Según datos obtenidos por The Objective, cuando el contrato entró en vigor, la reserva contaba con casi 600 millones de mascarillas quirúrgicas y FFP2, junto con un amplio inventario de otros productos sanitarios, como batas, gafas, guantes y respiradores.

Este exceso de material fue fruto de las compras hechas mediante contratos de emergencia, lo que supuestamente hizo innecesario recurrir al Acuerdo Marco para seguir dotando la reserva. Pero este desajuste dejó a decenas de empresas en una situación crítica, ya que, aunque fueron seleccionadas para suministrar productos a través del megacontrato, jamás recibieron pedidos por parte del Ministerio de Sanidad.

El fiasco no solo afectó al sector público, sino también a las empresas que invirtieron enormes cantidades de dinero para cumplir con los requisitos del contrato. Estas compañías, muchas de las cuales realizaron importantes desembolsos para adaptar sus instalaciones y adquirir material, se encuentran ahora ante una situación delicada . Sin haber podido distribuir ni una sola mascarilla de las previstas en el contrato, enfrentan pérdidas millonarias y una posible ruina financiera.

El proceso judicial en marcha busca también esclarecer la razón por la que estas empresas fueron seleccionadas, pero luego abandonadas a su suerte.

Tras la revelación de que el DVD enviado por el Ingesa no contenía la información requerida, el proceso judicial parece estar destinado a alargarse aún más. El juez ha ordenado que se remitan de nuevo los documentos solicitados, pero esta vez sin imponer un plazo. Esto significa que las partes afectadas, desde las empresas perjudicadas hasta la propia administración, seguirán en un limbo mientras el proceso se prolonga indefinidamente.

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