Más de 2,14 millones de empleados públicos y sus familiares dependen de un acuerdo con aseguradoras de salud para acceder a servicios médicos. Muface, junto con otras dos mutualidades más pequeñas, negocia cada dos años las condiciones económicas con las compañías aseguradoras. Esta colaboración permite a los funcionarios elegir entre la atención sanitaria pública o privada, siendo la opción privada la preferida por cerca del 80% de los beneficiarios.
El próximo 8 de octubre, el Gobierno debe aprobar las condiciones del nuevo convenio. Sin embargo, las aseguradoras consideran insuficiente la propuesta de aumento del 14% y aseguran que pierden más de 200 millones de euros anuales al prestar estos servicios.
¿Quiénes se verían afectados por esta crisis?
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) gestiona los seguros de salud de 1,49 millones de empleados públicos y sus familiares. Este grupo incluye funcionarios de los ministerios de la Administración General del Estado, así como de cuerpos específicos como diplomáticos e inspectores de Hacienda. Además, algunos trabajadores públicos de comunidades autónomas, especialmente docentes, también están cubiertos por esta mutualidad.
Además, existen otras dos mutualidades relevantes: el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), que cubre a 559.000 militares y guardias civiles, y la Mutualidad General Judicial (Mugeju), con 92.000 jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales. Entre las tres, gestionan la atención médica de más de dos millones de personas bajo un régimen de colaboración público-privada.
El papel clave de las aseguradoras
A pesar de que las mutualidades cuentan con plantillas reducidas de cerca de 1.000 empleados, el grueso de los servicios médicos para los funcionarios es provisto por aseguradoras privadas o por los sistemas de salud autonómicos. En el último convenio, el 78% de los funcionarios eligió atención privada, cifra que asciende al 90% en el caso de los militares.
El convenio actual, que cubre de 2022 a 2024, incluye a solo tres aseguradoras: SegurCaixa Adeslas, Asisa y DKV. Estas compañías reciben una prima por cada persona cubierta, con un pago medio de 984 euros anuales por beneficiario. Sin embargo, según la Fundación IDIS, el coste promedio en el sistema público es de 1.608 euros por ciudadano.
¿Qué ha generado la crisis?
El problema principal radica en lo económico. Las aseguradoras afirman que el aumento propuesto por el Gobierno del 13,5% el primer año y un 0,5% el segundo es insuficiente. En el último convenio, pactado en 2021, se acordó un incremento del 10%, pero no fue suficiente para cubrir los costos, lo que ha generado pérdidas de más de 250 millones de euros para las aseguradoras en los últimos tres años.
Ante esta situación, las aseguradoras han solicitado un aumento del 33% en 2025 y otro 5% en 2026. A pesar de esta demanda, aseguran que continuarían teniendo pérdidas. La inflación, que ha alcanzado niveles no vistos en más de 30 años, ha disparado los costos de suministros hospitalarios, electricidad y salarios, lo que ha afectado directamente a los convenios de Muface, Isfas y Mugeju. Además, desde la pandemia, el uso de servicios médicos ha aumentado significativamente, lo que agrava aún más la situación para las aseguradoras.
