Tras la reciente decisión del Reino Unido de ceder el control de las Islas Chagos a Mauricio, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, insistió en que este hecho no sienta un precedente para la soberanía británica sobre Gibraltar. A pesar de las preocupaciones en algunos sectores conservadores británicos, la principal amenaza para Gibraltar no es su estatus soberano, sino las complicaciones derivadas del Brexit y la falta de un acuerdo.
Desde el referéndum de 2016, en el que el 96% de los votantes de Gibraltar rechazaron el Brexit, el territorio ha estado en una situación de incertidumbre. Las prolongadas negociaciones entre el Reino Unido, España y la UE aún no han logrado un acuerdo que defina el estatus de Gibraltar. Mientras tanto, la población de 34,000 personas y los 15,000 trabajadores transfronterizos que cruzan diariamente desde España dependen de una frontera fluida que podría desaparecer pronto debido a las nuevas normativas europeas.
A partir de noviembre, la UE comenzará a aplicar controles biométricos para ciudadanos no comunitarios en las fronteras, lo que podría crear largas colas y dificultades para los trabajadores y visitantes de Gibraltar. El alcalde de La Línea, Juan Franco, advirtió que si no se llega a un acuerdo, la situación empeorará significativamente para los miles de trabajadores españoles que cruzan la frontera diariamente. Según Franco, si España aplica plenamente las reglas de Schengen, los tiempos de espera en la frontera podrían llegar a ser de hasta 14 horas, lo que afectaría gravemente a la economía local, ya que muchos residentes dependen de sus empleos en Gibraltar.
Franco señaló que, sin un acuerdo, la imposición de sellos en los pasaportes—práctica que ha sido suspendida temporalmente—sería reinstaurada, lo que consumiría los días de viaje sin visado permitidos por la UE. Esta situación podría empujar a algunos trabajadores españoles hacia actividades ilegales debido a la falta de oportunidades laborales en la región, que ya enfrenta altos niveles de desempleo y crimen organizado.
Además, Franco criticó la falta de apoyo del gobierno central de España hacia las comunidades fronterizas como La Línea. Mientras que Gibraltar recibe visitas y apoyo regular de las autoridades británicas para prepararse ante cualquier escenario, Franco lamentó que Madrid les haya dejado sin información clara ni planificación.
Por su parte, Gibraltar y España han mantenido posturas firmes. Picardo ha dejado claro que no aceptará “botas españolas en suelo gibraltareño”, mientras que España insiste en un acuerdo que implique la gestión conjunta del aeropuerto de Gibraltar, con la policía fronteriza española encargada de la seguridad. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de España, subrayó que es decisión del Reino Unido aceptar o rechazar el acuerdo “generoso y equilibrado” propuesto por la UE y España, que busca garantizar la movilidad sin restricciones entre Gibraltar y el resto de la UE.
Ante las declaraciones de Albares, la opinión pública española ha cargado en su mayoría contra él por ofrecer un acuerdo pobre en sus peticiones y que no lleva aparejado ningún «plan B».
En el Reino Unido, el secretario de Asuntos Exteriores, David Lammy, participó recientemente en una reunión con ministros de la UE, en un esfuerzo por “restablecer” las relaciones con el bloque. Sin embargo, las negociaciones siguen sin un acuerdo definitivo. El Reino Unido ha señalado que no aceptará ninguna propuesta que no respete la soberanía de Gibraltar o comprometa su autonomía militar.
Mientras tanto, las tensiones en la frontera ya se han dejado sentir. La semana pasada, los guardias españoles comenzaron a sellar pasaportes de manera sorpresiva, lo que provocó largas colas y caos en la frontera. Aunque la medida fue revertida temporalmente, el incidente demuestra las consecuencias tangibles que un «no acuerdo» podría tener para ambas partes.
En resumen, la situación actual en Gibraltar es compleja y refleja cómo las negociaciones del Brexit, lejos de centrarse únicamente en la soberanía, ahora giran en torno a la movilidad, el empleo y la estabilidad económica de la región. Sin un acuerdo, tanto Gibraltar como las localidades españolas fronterizas enfrentarán desafíos significativos.
