Imagen: Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, en el juzgado. EP
Un total de 17 reuniones fueron las que mantuvieron los inspectores de la Agencia Tributaria desde mayo de 2022, cuando detectaron el posible fraude, hasta septiembre de 2023, cuando decidieron denunciar penalmente a Alberto González por dos delitos fiscales y falsedad en documento, ante la falta de explicaciones coherentes sobre el ingreso de 2,3 millones en 2020.
Tal y como ha informado Cadena Ser en exclusiva, en esas reuniones, el representante legal de Alberto González no respondió de forma completa a los requerimientos de la Agencia Tributaria y pidió varios aplazamientos para recopilar documentación que supuestamente utilizó para fabricarla.
Cuando estalló el escándalo, la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso dijo en una comparecencia el pasado 13 de marzo que su novio estaba siendo “asediado” por “todo el poder del Estado” porque “era su pareja”. Pero la inspección de Hacienda ejecutada durante 18 meses demuestra que por aquel entonces, los inspectores ni siquiera sabían que Alberto González era pareja de Ayuso y que fue llevada a cabo con todas las garantías, informando al novio de Ayuso de cada paso que se iba dando en la inspección.
Una “inspección salvaje”
Aquel día, la presidenta madrileña afirmó de que su novio estaba sufriendo una “inspección salvaje” que se había “sacado de quicio”. Ayuso también mintió en aquella comparecencia cuando afirmó que su novio no sólo no le debía nada a Hacienda, sino que era la Agencia Tributaria quien le debía 600.000 euros. La documentación evidencia el fraude, el propio novio lo reconoce, y aquella supuesta deuda de 600.000 euros no era más que un intento de Alberto González de pagar fuera de plazo, cuando ya se había abierto el procedimiento penal, la deuda contraída.
El expediente evidencia que el motivo de la inspección de Hacienda que ha acabado acusando al novio de Ayuso no fue que se tratara de su pareja, sino que Alberto González pasó de facturar poco más de 300.000 euros por cada uno de los ejercicios fiscales de 2018 y 2019, a 2.300.000 euros en 2020 con una empresa como Maxwell Cremona, que carecía de trabajadores. Ese incremento anómalo de la facturación disparó las alarmas en la Agencia Tributaria y motivó las actuaciones.
