El Partido Popular, que posee una mayoría en el Senado, sigue ejerciendo una fuerte presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de los intentos del Ejecutivo de esquivar los retos provenientes de esta Cámara, que actúa como barrera para las políticas del Gobierno y sus aliados, la tensión persiste. El 12 de febrero pasado, los senadores del Partido Popular, respaldados por el artículo 20.2 del Reglamento del Senado, solicitaron al Ejecutivo todos los informes y documentos relacionados con los indultos de los nueve condenados en el juicio del procés. Esta medida de gracia fue otorgada por el Consejo de Ministros en junio de 2021 e incluyó a Josep Rull, ahora presidente del Parlament de Cataluña.
Sin embargo, el Gobierno ha desatendido esta solicitud, triplicando el límite reglamentario de 30 días hábiles para responder. Han pasado más de 130 días sin una respuesta, lo que constituye un «grave incumplimiento del Reglamento del Senado» y obstruye el ejercicio de los derechos constitucionales de los senadores como representantes políticos.
El artículo 66.2 de la Constitución estipula que el Senado, como parte de las Cortes Generales, debe supervisar la acción del Gobierno, y esta es la intención del Grupo Popular en el Senado. Además, el artículo 20.2 del Reglamento del Senado permite a los senadores solicitar «los datos, informes o documentos que obren en poder de la Administración«, que «deberán facilitarse en un plazo no superior a 30 días». No obstante, el Gobierno ha incumplido este plazo.
Este incumplimiento es especialmente preocupante porque implica al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, que es responsable de la «asistencia al Gobierno en el ámbito del control parlamentario» y «la remisión a las Cortes Generales de los escritos». Los populares consideran que este retraso es un intento del Gobierno de ocultar el contenido de los informes de los indultos.
Las acciones del Partido Popular
El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, cuestiona las intenciones del Ejecutivo, preguntándose «¿qué pretenden tapar?» y sugiriendo que el Gobierno podría haber ignorado informes técnico-jurídicos que desaconsejaban los indultos, como indicó el Tribunal Supremo. Feijóo ha sido contundente en su rechazo a los indultos y a la amnistía, declarando en febrero: «Yo no soy Pedro Sánchez. Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. No acepto los indultos ni los aceptaré».
El Partido Popular ha llevado su protesta más allá del ámbito institucional, organizando manifestaciones para reclamar igualdad para todos los españoles y denunciar lo que consideran una «amnistía a la carta» para los delincuentes. Feijóo ha prometido que seguirán denunciando esta situación «en las instituciones, en los tribunales o donde haga falta».
En el Senado, aprovechando su mayoría, el Partido Popular se opuso a la ley mediante un veto (enmienda a la totalidad). Sin embargo, en el Congreso, el bloque formado por el PSOE y los independentistas logró anular este veto, y la medida de gracia fue aprobada y entró en vigor tras las elecciones europeas del 9 de junio.
