El Gobierno de la Junta de Andalucía, liderado por Juan Manuel Moreno (PP), habría autorizado al menos cuatro contratos sanitarios de emergencia por un valor total de 31 millones de euros entre 2021 y 2022. Estas adjudicaciones directas, realizadas cuando ya no existía la declaración de emergencia sanitaria que las justificara, fueron llevadas al Consejo de Gobierno por el entonces consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, hoy presidente del Parlamento andaluz.
La querella presentada por el PSOE en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla sostiene que estos contratos, conocidos y consentidos por el Consejo, fueron otorgados sin la concurrencia pública exigida por ley. En el caso ya están imputados por prevaricación la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y sus dos predecesores en el cargo.
Ampliación de imputaciones y una trama bajo investigación
El PSOE ha solicitado que, además de los actuales imputados, el juez investigue a los siete responsables provinciales de los centros de gasto del SAS, acusándolos de malversación, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Según los socialistas, los máximos responsables de la Junta toleraron una «cadena clamorosa de contrataciones ilegales» en el ámbito sanitario, como se recoge en informes desfavorables de la Intervención General, que detectó irregularidades en el 92% de los contratos sanitarios de 2021.
Entre los contratos cuestionados destaca uno firmado en noviembre de 2021 por 9,2 millones de euros para la gestión de residuos y otros servicios relacionados con la pandemia. También figura un contrato de 7,3 millones en febrero de 2022 para obras en hospitales sevillanos y otro de 8,8 millones para el suministro de test de antígenos, a pesar de que su adquisición ya no requería un procedimiento de emergencia.
Acusaciones de abuso sistemático de la contratación directa
El PSOE denuncia un «abuso doloso generalizado» en la contratación de emergencia, ignorando las advertencias de la Consejería de Hacienda de que desde junio de 2021 ya no se podía justificar esta vía bajo la causa Covid-19. Según los socialistas, este proceder incrementó los costos para la Administración al evitar procesos competitivos que hubieran garantizado mejores precios.
La querella señala que estos contratos son solo una «muestra mínima» de las posibles irregularidades que podrían destaparse cuando el juzgado reciba todos los documentos solicitados al SAS. Además, aporta pruebas de una contratación directa por parte de Valle García en su etapa como responsable del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, añadiendo más elementos para la ampliación de su imputación.
Investigación en curso y posibles implicaciones políticas
Aunque por el momento no se apunta directamente a los consejeros ni a otros miembros del Consejo de Gobierno, el PSOE insiste en que la corrupción administrativa señalada no pudo haberse consolidado sin el conocimiento y consentimiento de las más altas instancias de la Junta. La investigación judicial deberá profundizar en la gestión del SAS y el uso indebido de cientos de millones de euros de fondos públicos.
Con esta ampliación de la querella, el caso amenaza con escalar políticamente, mientras se aguarda que el juez determine si las responsabilidades podrían alcanzar a niveles superiores en el organigrama de la Junta de Andalucía.
