Ayer 11 de octubre, España ha decidido deportar a Marruecos a 16 saharauis que se encontraban en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde habían solicitado asilo. Estas personas presentaban documentos que acreditaban su origen saharaui, algunos emitidos por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) y otros por España a través de un censo realizado en 1974. Además, contaban con recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que pedía que se les permitiera la entrada en España para que pudieran completar sus solicitudes de apatridia.
Una docena de activistas saharauis, que llevaban varias semanas retenidos en el aeropuerto de Barajas e incluso habían comenzado una huelga de hambre para exigir su asilo político en España. Según fuentes policiales, entre diez y trece personas habrían formalizado esta protesta, que se llevó a cabo en las terminales 1 y 4 del aeropuerto, aunque al menos una treintena de otros activistas también se han sumado a la iniciativa.
Familiares de los solicitantes de asilo han protestado frente a la sede del Ministerio del Interior, denunciando las condiciones inhumanas en las que se encuentraban sus seres queridos. Informaron sobre la falta de higiene, picaduras de chinches, la ausencia de luz solar y la repetición de la misma comida durante los últimos veinte días
Pese a estas recomendaciones, el Ministerio del Interior decidió su devolución a Marruecos, argumentando que cada caso fue evaluado de manera individual siguiendo los requisitos establecidos por la legislación nacional e internacional sobre protección internacional. A su llegada a Marruecos, algunos de los deportados fueron detenidos por las autoridades locales y están siendo interrogados.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha criticado la medida, señalando que, debido a los cortos plazos del procedimiento en el aeropuerto, las solicitudes de apatridia no pudieron resolverse adecuadamente. El Defensor del Pueblo también ha intervenido, pidiendo que se permita la entrada a tres saharauis más, dos mujeres y un menor, para garantizar el desarrollo del proceso con las garantías necesarias. Esta situación ha generado críticas por parte de grupos políticos y organizaciones de derechos humanos, como la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha exigido al gobierno que detenga las deportaciones, alegando que los saharauis están en riesgo de persecución en Marruecos.
Además, el BNG ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique las razones detrás de estas devoluciones, considerando la grave situación de los saharauis en Marruecos.. El evento ha suscitado reacciones negativas tanto de organizaciones pro-derechos humanos como de figuras políticas, quienes han criticado la decisión del Ministerio del Interior y han llamado a la detención de estas deportaciones, citando preocupaciones sobre la seguridad y el trato que podrían recibir los deportados en Marruecos
