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21 Dic 2024
21 Dic 2024
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Fedea advierte sobre una guerra autonómica

El concierto catalán podría desatar un enfrentamiento para atraer a empresas, mientras que el Gobierno intenta devolver a Cataluña las que trasladaron su sede
La ministra de Hacienda María Jesús Montero

La viabilidad de la propuesta del Gobierno de utilizar el acuerdo con ERC como base para una reforma del sistema de financiación autonómica que beneficie a todas las regiones ha sido cuestionada por Ángel de la Fuente, director de Fedea y experto en financiación territorial. Según De la Fuente, la idea de que el nuevo modelo traerá equidad es poco creíble. En su análisis, advierte que la reforma generará ganadores y perdedores, sin mejorar la justicia en la distribución de los recursos, además de causar un impacto negativo en la eficiencia recaudatoria y transformar la naturaleza del Estado hacia un carácter confederal, lo que podría comprometer su capacidad para ejercer sus competencias constitucionales de manera adecuada.

Necesidad de una alternativa a la propuesta actual

Impacto en la normativa fiscal y el Impuesto de Sociedades

Uno de los aspectos más preocupantes del acuerdo es el poder normativo que se le concedería a Cataluña, especialmente en lo referente al Impuesto de Sociedades. Según De la Fuente, esta cesión de competencias podría generar tensiones sobre cómo repartir los ingresos de dicho impuesto entre la Hacienda estatal, catalana y las de otras comunidades autónomas. Además, advierte que abriría la puerta a una competencia entre territorios para atraer empresas y sedes productivas, algo que considera prudente evitar.

El compromiso de facilitar el regreso de empresas a Cataluña

El acuerdo entre PSC y ERC también incluye el compromiso de recuperar la plena soberanía fiscal en Cataluña, lo que implica gestionar, recaudar y liquidar todos los impuestos, incluyendo el Impuesto de Sociedades. Este esquema equipararía el modelo catalán al de las haciendas forales, donde los ingresos empresariales se distribuyen a través de un sistema complejo. La ministra de Hacienda ha respaldado este acuerdo en el Senado, lo que ha generado preocupación sobre sus implicaciones.

En paralelo, el Gobierno ya pactó con Junts abordar un plan para promover el retorno de las sedes sociales de las empresas que abandonaron Cataluña en los últimos años. Sin embargo, los juristas han señalado que, bajo la legislación actual, no existen herramientas legales suficientes para forzar ese regreso, salvo mediante incentivos fiscales dentro de las competencias autonómicas. Una reforma radical del sistema de financiación, con la cesión del control sobre el Impuesto de Sociedades, podría otorgar a la Generalitat un margen considerable para implementar dichos incentivos.

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