Imagen: Europa Press
Hace poco más de un año, durante las elecciones municipales de mayo, Bildu causó controversia al incluir a etarras condenados por asesinato en sus listas electorales. Ahora, de cara a las elecciones europeas de este domingo, ha vuelto a desatar polémica al presentar a Pernando Barrena, condenado por pertenencia a ETA. Ante esta situación, el Partido Popular (PP) ha propuesto una ley para impedir que personas condenadas por terrorismo, que no hayan mostrado arrepentimiento ni cooperado con la Justicia, puedan presentarse a elecciones.
Modificación de la LOREG
La iniciativa del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, busca modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), añadiendo un apartado que haga inelegibles a los condenados por terrorismo que no acrediten documentalmente su rechazo a la violencia, su arrepentimiento, su petición de perdón a las víctimas y su disposición a colaborar con la Justicia para esclarecer los crímenes sin resolver.
Cumplimiento íntegro de las condenas
Además, la nueva normativa exigiría que estos individuos demuestren haber satisfecho las responsabilidades civiles derivadas de sus condenas y haber cumplido íntegramente las penas accesorias. Esta medida pretende evitar que los etarras eludan sus obligaciones económicas, ya que en muchas ocasiones es la Administración Pública la que adelanta el dinero. En las últimas elecciones municipales, cinco de los 21 exmiembros de ETA elegidos como concejales no han cumplido con estas obligaciones financieras.
Una proposición de ley pendiente de aprobación
La proposición de ley fue registrada en el Congreso el 31 de mayo y está pendiente de aprobación por parte del Gobierno, que tiene un mes para pronunciarse. A partir de ahí, comenzará su trámite parlamentario. Sin embargo, aún no hay fecha para su consideración en el Pleno, y queda por ver cuál será la postura del PSOE. Aunque los socialistas rechazaron la inclusión de condenados por asesinato en las listas de Bildu y criticaron a Arnaldo Otegi en las elecciones vascas, continúan pactando con la izquierda abertzale en el Congreso y en el Ayuntamiento de Pamplona, donde el PSN cedió la alcaldía a Bildu. Sin el apoyo del PSOE, la ley difícilmente avanzará, ya que es improbable que los grupos nacionalistas y Sumar la respalden.
En la exposición de motivos, el PP sostiene que esta reforma busca «extremar las cautelas» contra quienes «dedicaron gran parte de su vida a sembrar el terror o lo justificaron, y que ahora intentan formar parte de las instituciones sin acreditar de manera fehaciente ni su arrepentimiento, ni el dolor causado, ni su disposición a colaborar con la Justicia ni el cumplimiento de las penas accesorias».
Otros intentos similares
No es la primera vez que el PP presenta una propuesta de este tipo en la legislatura. El 6 de febrero, el partido llevó al Pleno una iniciativa para resolver los 379 asesinatos de ETA pendientes, pero el PSOE la rechazó, impidiendo que prosperara. Esa iniciativa solicitaba al Estado iniciar en tres meses un procedimiento de investigación exhaustivo de los asesinatos sin resolver, con la participación de la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin considerar la posible prescripción de los casos. También proponía reformas en las leyes del Derecho de Reunión y de Seguridad Ciudadana para evitar los homenajes a terroristas de ETA en localidades vascas y navarras.
