Esta mañana ha tenido lugar una reunión entre Moncloa y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para intentar resolver la crisis de inmigración que está viviendo esta comunidad autónoma desde hace meses. Según se ha sabido, la reunión ha tenido un ambiente “cordial”, donde Clavijo ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atienda su singularidad.
La singularidad que reclama el presidente de Canarias no es financiera, como la que exige Cataluña, sino migratoria, sobre todo en cuanto al tema relacionado con el tratamiento de los menores inmigrantes que llegan a sus costas. Cuando los inmigrantes llegan a Canarias, también “llegan a Europa y llegan a España”, están en las islas “porque nos los trae Salvamento Marítimo”, y por lo tanto hace falta “un acuerdo de país” y que el Estado asuma sus responsabilidades, ha exigido Clavijo tras la reunión.
Fernando Clavijo ha confirmado después de esta reunión que el Gobierno y Pedro Sánchez se han comprometido a ingresar antes de que acabe este mes de octubre, 50 millones de euros para compensar los gastos económicos que supone la atención a los menores inmigrantes. Sánchez ha aceptado esta condición debido a que admite que es necesario que se den más recursos y ha emplazado a Clavijo a una próxima reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para tratar de esa financiación adicional que compense el gasto de Canarias en atender a unos 5.500 menores de edad extranjeros no acompañados.
Sánchez está dispuesto a mandar a Canarias 50 millones de euros para financiar recursos
El presidente de Canarias no ha dudado en criticar al principal partido de la oposición con quien gobierna en coalición debido a que se han dejado la mesa de negociación con el Ejecutivo central. Clavijo ha presionado por la necesidad de un acuerdo de país para la distribución de los menores entre las comunidades autónomas. Por otro lado, ha enfatizado que hasta que “el Gobierno de España no puede estar ausente del drama migratorio, no puede usar como excusa que las competencias de los menores son de las comunidades autónomas”.
Clavijo ha señalado que el Gobierno de España “tiene la obligación legal de aplicar la solidaridad”, tiene que “poner recursos y coordinar este fenómeno”, así como asumir sus “competencias inherentes” en inmigración y control de fronteras, al margen de la evolución de las conversaciones para cambiar la Ley de Extranjería, ha subrayado.
Aunque Clavijo sí que se ha mostrado contento con el reparto entre comunidades de los menores inmigrantes conforme con el criterio de población por ser un criterio objetivo.
