El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España está a punto de experimentar una transformación significativa tras el histórico acuerdo alcanzado entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Este pacto pone fin a una prolongada crisis institucional de más de cinco años y promete un CGPJ más independiente y equilibrado.
Reparto equilibrado y mayoría reforzada
El acuerdo establece un reparto equitativo de los 20 vocales del CGPJ, con 10 nombrados por el PP y 10 por el PSOE. Además, se implementará una «mayoría reforzada» de tres quintos para la toma de decisiones y nombramientos, lo que busca evitar que una sola facción política pueda dominar el órgano. Esta disposición asegura que cualquier decisión significativa requerirá un amplio consenso, promoviendo así la cooperación y la moderación.
Renovación inmediata y reforma legal
Uno de los puntos clave del acuerdo es la renovación inmediata del CGPJ, cuya composición actual ha estado en funciones desde hace más de cinco años. Simultáneamente, se presentará una proposición de ley orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea en sus informes sobre el Estado de derecho en España.
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, firmaron este acuerdo en Bruselas, con la presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová.
Criterios de elección
El acuerdo incluye también la redacción de un nuevo proyecto de ley que reformará el método de elección de los vocales del CGPJ, garantizando una mayor participación directa de los jueces en el proceso. Además, se establece que el presidente del Tribunal Supremo será elegido por los vocales del CGPJ, sin interferencia directa de los partidos políticos, requerirá al menos 12 votos favorables para su designación.
Se han incorporado criterios de idoneidad y un régimen de incompatibilidades para jueces y fiscales que pasen al ejercicio de cargos políticos, con el objetivo de evitar casos como el de Dolores Delgado, exministra de Justicia que fue nombrada fiscal general del Estado.
Cobertura de vacantes y refuerzo institucional
El acuerdo también implica la cobertura de vacantes pendientes en el Tribunal Constitucional y en otros tribunales superiores y audiencias provinciales, lo cual aliviará la carga de trabajo y mejorará el funcionamiento del sistema judicial. Se crearán además 1,000 plazas de jueces y fiscales en los próximos cinco años, un paso crucial para abordar los retrasos acumulados en el Tribunal Supremo y otros órganos judiciales.
Desde el PSOE, han destacado que este acuerdo no solo pone fin a una crisis constitucional prolongada, sino que también mejora la calidad del servicio público de justicia. Para el PP, el pacto representa un avance significativo hacia un CGPJ menos politizado y más transparente.
Ambos partidos coinciden en que este acuerdo es un paso esencial para restaurar la confianza en el sistema judicial español y asegurar su funcionamiento eficiente y justo. Además, confían en que contribuirá a mejorar el clima político del país, subrayando la importancia del diálogo y la cooperación en la política nacional.
