Imagen obtenida de: La Moncloa – Gobierno de España
En la nueva expansión de la trama Koldo las investigaciones salpican al exministro de Sanidad. Salvador Illa, responsable de la cartera durante la pandemia de COVID está en el centro de la diana mediática.
El pasado 27 de febrero el ministro declaraba públicamente que: «Sanidad no contrató servicios de la empresa de Koldo García, no salió ni un solo euro del ministerio hacia esta empresa. Ni Ábalos ni nadie que yo conozca intercedió al respecto».
El actual líder del Partido Socialista de Cataluña aseguró con firmeza que no había participado en la trama de comisiones. No obstante, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil confirma durante su investigación que Illa sí participó de la trama corrupta y que, de hecho, firmó un contrato con Soluciones de Gestión SL que fue publicada en el BOE.
Soluciones de Gestión es la principal empresa implicada en el caso, dirigida por el empresario español Juan Carlos Cueto. Esta mercantil obtuvo contratos públicos para el suministro de mascarillas gracias al pago de comisiones a los responsables. Cueto obtuvo adjudicaciones de Puertos del Estado, Adif y los Gobiernos de Baleares y Canarias y con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Tanto Salvador Urquía en representación de la UTE como Alfonso Jiménez, como director de INGESA, firmaron el contrato.
Los informes de la UCO
El contrato formaba parte de un paquete por 2.131 millones de euros. Estaba destinado a la compra de material y fue adjudicado a varias empresas. La UCO recoge que la licitación contemplaba la compra 52,4 millones unidades de FFP2 y 20,3 millones unidades de FFP3. Los precios unitarios sin IVA de los productos eran de casi tres y cuatro euros respectivamente.
El importe total de esta adjudicación se elevó así a 152,2 millones y 81,3 millones de euros en cada caso. Sin embargo, en ningún caso se especifica el precio final que cobró Soluciones, según admite la UCO.
Aunque lo más sangrante del caso es que la Guardia Civil no ha podido confirmar que el material comprado por la entidad pública fuese entregado en ningún momento. En uno de los informes, la benemérita refleja que «no se tiene constancia de que la UTE Ferrovial-Soluciones haya suministrado material sanitario y/o equipos de protección a las entidades participantes».
