La declaración de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha suscitado una gran atención mediática y jurídica. Tras la suspensión de su primera comparecencia, programada para el 19 de julio, surgen múltiples interrogantes sobre el futuro de este caso.
Motivos de la suspensión
La declaración de Gómez como investigada fue suspendida debido a que su abogado expresó desconocer una segunda denuncia en su contra. Esta denuncia, presentada por Hazte Oír, se sumaba a la inicial de Manos Limpias, y el magistrado pretendía interrogarla sobre ambas. El abogado de Gómez argumentó que esta situación generaba indefensión, ya que no se había notificado claramente la existencia de la segunda denuncia.
Implicaciones del aplazamiento
El aplazamiento de la comparecencia hasta el 19 de julio ofrece a Gómez la ventaja de escuchar primero los testimonios del rector de la Universidad Complutense y del empresario Juan Carlos Barrabés. Estos testimonios podrían influir en su estrategia de defensa, ya que proporcionarán contexto adicional sobre las acusaciones.
Opciones de Gómez
El próximo 19 de julio, Begoña Gómez no está obligada a declarar. Como investigada, puede optar por no hacerlo o responder únicamente a las preguntas de su abogado o de las partes que considere pertinentes. Además, no está sujeta al requisito de decir la verdad, una diferencia clave respecto a los testigos.
Con la suspensión, la defensa de Gómez obtiene tiempo adicional y una oportunidad para reforzar sus argumentos sobre la falta de claridad en las acusaciones. El abogado de Gómez ha subrayado que la decisión del juez de incluir la querella de Hazte Oír sin notificación previa refuerza sus quejas sobre la indefinición del caso. La Fiscalía Europea ha asumido la investigación de los contratos adjudicados a Barrabés por Red.es, financiados con fondos comunitarios, delimitando el caso a estos hechos y excluyendo otros posibles vínculos, como el rescate del Grupo Globalia.
Las acusaciones populares, representadas por Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España, consideran que la suspensión fue una maniobra de la defensa de Gómez para ganar tiempo, acusándola de actuar de «mala fe». Argumentan que el abogado debería haber estado al tanto de la segunda denuncia, ya que se notificó a todas las partes involucradas en el procedimiento.
Aunque el juez no mencionó explícitamente que interrogaría a Gómez sobre la nueva querella, sí indicó en una resolución reciente que investigaría hechos nuevos incluidos en la denuncia de Hazte Oír. Esta omisión en la parte dispositiva del auto permitió a la defensa argumentar que no había una notificación formal, generando un punto de controversia.
El abogado de Gómez se amparó en el hecho de que la referencia a la querella no estaba en la parte ejecutiva del auto judicial, lo que a nivel procesal abrió la puerta a alegar indefensión si se le preguntaba sobre ese asunto. Esta estrategia, según la defensa, busca asegurar que Gómez tenga un juicio justo y claro sobre las acusaciones específicas en su contra.
El caso de Begoña Gómez continúa evolucionando, y la próxima fecha clave será el 19 de julio. Hasta entonces, tanto la defensa como las acusaciones seguirán ajustando sus estrategias en función de los nuevos testimonios y la información disponible.
