Los jueces Manuel García-Castellón y Joaquín Aguirre han decidido anticipar su jubilación tras enfrentar acoso debido a sus investigaciones sobre los independentistas catalanes, quienes han sido acusados de delitos como terrorismo, malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.
Este acoso ha sido apoyado por miembros del gobierno central, incluyendo al presidente Pedro Sánchez, y líderes separatistas, lo que ha generado un entorno hostil e insostenible para estos magistrados. Manuel García- Castellón con casi 47 años de servicio, ha trabajado en casos complejos, abarcando desde el terrorismo hasta la corrupción política. Su carrera ha estado marcada por investigaciones de alto perfil y ha mostrado una firme determinación en la búsqueda de justicia.
Participó también en la investigación del intento de asesinato del entonces líder del Partido Popular por parte de ETA, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera. Estuvo a cargo de la operación de búsqueda y certificación de la muerte del concejal del PP secuestrado por ETA, mostrando un compromiso incansable en la lucha contra el terrorismo.
Envió a prisión provisional al entonces poderoso presidente de Banesto, Mario Conde demostrando su capacidad para enfrentar a figuras intocables del poder financiero. García-Castellón, originario de Valladolid, planeaba su jubilación forzosa a los 72 años en noviembre, pero ha solicitado adelantarla al 2 de septiembre, cerrando así su juzgado dos meses antes de lo previsto.
Su trayectoria está marcada por una notable capacidad para manejar investigaciones complejas con determinación y rigor, y su retiro anticipado refleja el impacto del acoso al que ha sido sometido.
De Joaquín Aguirre Aunque no se detallan casos específicos de su carrera, su situación es similar a la de García-Castellón, enfrentando un entorno de presión y hostilidad por su labor judicial en contra de figuras independentistas catalanas.
Sin embargo, al investigar la presunta corrupción de Podemos y los independentistas catalanes en los casos CDR y Tsunami, comenzó la” cacería contra el juez”. El caso sobre los independentistas se cerró debido a un error procesal en la prórroga de la instrucción durante la crisis de COVID-19.
Acosados pero no apoyados
La situación se agudizó cuando Pedro Sánchez estaba negociando con Junts y ERC la ley de amnistía a cambio de sus votos para permanecer en el Gobierno. En el Congreso de los Diputados, miembros del Gobierno y portavoces de Junts, ERC y Bildu acusaron al magistrado de «inquisidor», «saboteador» y de crear una guerra judicial particular contra el independentismo catalán, mientras Sánchez no corregía a sus socios y llegó a atacar al magistrado, asegurando que «Tsunami no era terrorismo» y acusándole de prevaricación.
Ambos jueces han presentado su solicitud de jubilación anticipada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), destacando cómo la presión y el acoso pueden influir en la carrera de altos funcionarios judiciales, afectando su capacidad para ejercer sus funciones con independencia y seguridad.
