Jueces han expresado su descontento ante la presión ejercida por el Gobierno en relación con la ley de amnistía, subrayando que la aplicación de la ley es una función exclusiva de los tribunales. Las asociaciones Foro Judicial Independiente y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria han criticado las declaraciones de miembros del Ejecutivo, como las de Óscar Puente, quien acusó al Tribunal Supremo (TS) de «extralimitarse» en sus funciones. Estas organizaciones consideran que comentarios como los de Puente no respetan las instituciones y socavan la independencia del Poder Judicial.
El contexto de esta controversia es la reciente decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación en el caso del ‘procés’, lo que complica la situación legal de Carles Puigdemont, quien sigue evadiendo la justicia española. El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha mostrado su desacuerdo con la interpretación del TS sobre la malversación de caudales públicos y su inclusión en la ley de amnistía, argumentando que los actos del ‘procés’ se ajustan a las excepciones de la ley que impiden la amnistía para estos delitos.
«La posición del Gobierno con esa resolución del Tribunal Supremo inaplicando la Ley de Amnistía es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo«, ha señalado Bolaños.
Fernando Portillo, portavoz de Foro Judicial Independiente, ha defendido que «la aplicación de las leyes corresponde a los tribunales, no al Ejecutivo», reiterando la importancia de la separación de poderes en un Estado de Derecho. Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, ha criticado la estrategia del Gobierno de Sánchez, «Agradeceríamos que se abstuviesen de generar la duda sobre la imparcialidad y la independencia, en este caso, de los jueces que han aplicado la ley de una forma que no les conviene a los partidos independentistas», señalaba Oliva.
Ambas asociaciones han instado al Gobierno a respetar las decisiones judiciales y a utilizar las vías legales correspondientes, como recurrir a los tribunales, en lugar de cuestionar la legitimidad de las resoluciones judiciales. Oliva ha señalado que el texto de la amnistía, tal como está redactado, permite varias interpretaciones: «nosotros ya avisamos que el texto no cumplía con el principio de trazabilidad penal y que podía provocar que existiesen varias interpretaciones, todas ellas potencialmente válidas», argumentó el portavoz de AJFV.
Por otro lado, la asociación Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD) ha afirmado que las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica siempre que no se descalifique a los tribunales que las emiten. Además, han recordado que el Gobierno planea recurrir el dictamen del TS, dado que el propio tribunal muestra divisiones sobre la interpretación de la malversación y que otros tribunales ya han amnistiado delitos similares.
