El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a la sesión plenaria extraordinaria del Congreso de los Diputados de este martes. Fernando Sánchez / Europa Press
Junts, el partido de Carles Puigdemont, ha votado en contra de los objetivos de deude y déficit que el Ejecutivo ha presentado en el Congreso este martes. Más allá de que Junts se haya alineado con el PP y Vox en esta votación, lo que supone este “marco fiscal” es el primer paso para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, tras tener que prorrogar los del 2023 por la imposibilidad de llegar a acuerdos con los socios de investidura.
Ahora, el Gobierno tendrá que volver a presentar el trámite —puede insistir con los mismos objetivos—, lo que retrasará todo el proceso. Si finalmente las metas de estabilidad no lograsen pasar el examen parlamentario, entraría en vigor la senda anterior, más severa para las comunidades autónomas —la mayoría, gobernadas por el PP— y para los ayuntamientos. Es decir, su margen de gasto se verá reducido.
“No se puede contar con el voto de Catalunya a cambio de nada. Hemos venido a escuchar a Montero. Hemos escuchado para ver si había un cambio de posición, y que en los objetivos se nos diese una décima más, pero no ha habido cambio”, ha defendido Josep María Cruset, el portavoz de la formación catalana en el Congreso, en declaraciones a los periodistas.
La votación se ha cerrado con 171 votos a favor y 178 en contra, los de Junts, el PP y Vox. Los independentistas catalanes anunciaron su negativa poco después de que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, presentara esta tarde a los diputados la senda de estabilidad para 2025-2027 e insistiera en que es más suave con respecto a la anterior para las administraciones local y autonómica.
Según ha explicado el portavoz de Junts, su formación pedía que en estos objetivos de estabilidad presupuestaria se dotara de una décima más de déficit a las Comunidades Autónomas, de tal manera que estas tuvieran más capacidad y más recursos económicos. “Pero no ha habido absolutamente ningún cambio”, ha dicho. La cuestión es que el anterior marco fiscal es más restrictivo para las Comunidades Autónomas.
Nueva senda de déficit
La senda de estabilidad son los objetivos de déficit (la diferencia entre ingresos y gastos) y deudas públicas que se fijan para las Administraciones con vistas al trienio sucesivo y que forman parte del escrutinio que la UE realiza sobre las cuentas de sus Estados miembro. Es un trámite que está previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que es delicado porque es imprescindible para dar el pistoletazo de salida al diseño de los Presupuestos.
El Ejecutivo mantiene el límite de gasto no financiero (incluyendo fondos europeos) en 199.171 millones para 2025, en línea con el techo de 2024, para cumplir con las exigencias de las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) que se han activado este ejercicio y porque ahora llegarán menos transferencias del Plan de Recuperación y más préstamos ‘baratos’ (ni el pago de intereses ni las pensiones se contemplan en el límite de gasto).
La nueva senda de déficit busca alcanzar el 2,5% durante el próximo año, un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027.
