La Agencia Tributaria (AEAT) se encuentra en el centro de mira tras la revelación de un informe que exculpa a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este informe, que llegó sin firma ni membrete a un juzgado de Badajoz, ha sido objeto de una controversia que cuestiona la imparcialidad y profesionalidad de la cúpula de la AEAT en Extremadura.
El documento en cuestión fue solicitado por la jueza Beatriz Biedma, quien indaga sobre la situación fiscal de David Sánchez. La magistrada buscaba respuestas sobre su residencia fiscal, especialmente en relación con un notable incremento patrimonial de 1,5 millones de euros durante la pandemia, cuando el hermano del presidente estaba de excedencia. La jueza también planteó interrogantes sobre la compatibilidad de su situación fiscal con su condición de funcionario público en la Diputación de Badajoz.
En su respuesta, la AEAT no sólo ignoró el aumento de patrimonio, sino que también minimizó el hecho de que Sánchez fuera residente fiscal en Portugal mientras recibía ingresos de una institución pública española. Esta falta de atención a los detalles críticos ha suscitado la indignación entre inspectores y fiscalistas.
Las Firmas y su Significado
El hecho de que tres altos cargos de la AEAT en Extremadura —María Encarnación Cabezas Martín, Emilio Hurtado Valiño y Clara Isabel Santos Diéguez— hayan firmado el informe, a pesar de que su autor original se ha desmarcado del documento, ha levantado sospechas sobre las motivaciones detrás de esta acción. Estos tres inspectores, designados por un gobierno socialista, pueden ser destituidos sin justificación, lo que plantea serias dudas sobre la autonomía de la Agencia y la influencia política en sus operaciones.
El informe carecía de los estándares usuales, que incluyen firma y membrete, y fue presentado como una «petición de cesión de información no estructurada», una categorización que muchos consideran inadecuada para la gravedad del caso. Esta situación contrasta marcadamente con la forma en que la AEAT opera normalmente, donde los informes de fiscalización son firmados y rubricados por un actuario.
Inspectores como Ignacio Ruiz-Jarabo han calificado el informe como una «auténtica infamia», acusando a la AEAT de ser «inconcebiblemente blanda» con aquellos que tienen apellidos ilustres. Esta percepción de doble rasero no sólo socava la credibilidad de la AEAT, sino que también alimenta un creciente descontento entre los contribuyentes comunes que se sienten perseguidos por cantidades mucho menores.
El respaldo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, brindó al informe en el Senado ha intensificado la crítica, especialmente cuando se argumenta que el Gobierno de Sánchez aboga por la igualdad tributaria mientras se observa un tratamiento diferencial para miembros de su propia familia Confianza Pública
La creciente preocupación por la independencia de la AEAT y su capacidad para actuar como un organismo imparcial es un problema que trasciende la política. La percepción de que el sistema tributario beneficia a unos pocos mientras castiga a la mayoría podría tener repercusiones serias en la confianza pública hacia las instituciones gubernamentales.
