El Partido Popular alista sus fuerzas en una arremetida sin precedentes contra el Gobierno con el objetivo de frenar la propuesta de ley de amnistía en el Senado, aún a riesgo de desencadenar un inédito enfrentamiento institucional en las Cortes Generales. La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado durante su interpelación al ministro Félix Bolaños que la Cámara Alta iniciará un «conflicto de atribuciones» contra la Cámara Baja para exigir la retirada de la propuesta de ley de amnistía, alegando que representa una «reforma encubierta de la Constitución». Esta ofensiva se sustenta en un contundente informe emitido por los letrados del Senado el pasado lunes, donde se argumenta que el proceso de tramitación de la ley de amnistía como proposición de ley, sin previa reforma constitucional, vulnera las atribuciones del Congreso.
¿En qué se apoya el PP?
El partido de Feijóo, que ostenta mayoría absoluta en el Senado, se basa en el artículo 188 del Reglamento del Senado, que permite a un grupo parlamentario o a un mínimo de 25 senadores solicitar formalmente al Congreso la retirada de una proposición de ley mediante un texto debidamente fundamentado. El primer paso consistirá en presentar esta solicitud en una sesión plenaria del Senado para requerir oficialmente al Congreso la retirada de la propuesta de ley. A partir de ese momento, el Congreso tendrá un plazo máximo de 30 días para responder. En caso de no hacerlo o de emitir una respuesta negativa, el siguiente paso será llevar el conflicto de competencias al Tribunal Constitucional.
Varias vías para la resolución del conflicto
Con la apertura de este enfrentamiento institucional, el Partido Popular sigue la recomendación dada por los letrados del Senado, quienes sugirieron la posibilidad de iniciar un «conflicto entre órganos constitucionales en sus dos fases», comenzando con el requerimiento formal al Congreso para que suspenda la ley de amnistía y luego abriendo un conflicto que deberá ser resuelto por el Tribunal Constitucional si el Congreso, presidido por Francina Armengol, rechaza el trámite. Sin embargo, los juristas del Senado también plantearon una segunda vía, que consiste en solicitar al Tribunal Constitucional la «suspensión cautelar del procedimiento legislativo» en el Senado hasta que el Alto Tribunal resuelva el conflicto entre las dos Cámaras, así como presentar un recurso de amparo por vulneración del derecho de representación política.
Fuentes del Partido Popular en la Mesa del Senado descartan, por el momento, la posibilidad de solicitar medidas cautelares al Tribunal Constitucional debido a la desconfianza en la imparcialidad del órgano, lo que podría fortalecer la posición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para blindar la ley.
Por otro lado, las mismas fuentes señalan que el Partido Popular presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional una vez que la ley esté definitivamente aprobada. Además, planean reforzar esta ofensiva con otro recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde creen que podrían obtener un pronunciamiento más favorable a sus intereses contra la amnistía.
¿Qué es un conflicto por atribuciones?
Un conflicto por atribuciones, también conocido como conflicto de competencias, ocurre cuando dos o más entidades, ya sea a nivel gubernamental, organizacional o legal, reclaman autoridad sobre una determinada área de actividad o sobre un tema específico. Estos conflictos pueden surgir debido a ambigüedades en las leyes, superposiciones en las responsabilidades asignadas a diferentes entidades, o disputas políticas entre diferentes niveles de gobierno.
