Doce años ha sido el tiempo establecido por los grupos que sustentan al Gobierno para que los delitos del independentismo desaparezcan por completo. De hecho, a expensas de algún giro de guion improbable, se prevé que el próximo 14 de marzo la ley se someta a pleno para su aprobación definitiva. Con todo lo que ello conlleva, habrá que esperar a su publicación en el BOE en forma de Ley Orgánica, la cual estará conformada por 16 artículos y tres disposiciones.
Hechos que finalmente serán amnistiados
Los límites cronológicos han sido marcados desde el 1 de noviembre de 2011 y abarca hasta el 13 de noviembre de 2023. Estas fechas corresponden al 9-N, momentos en el que se inicia los primeros movimientos para la posterior consulta celebrada en Cataluña, y, en el caso final, al día de presentación de esta proposición de Ley. Por tanto, quedan amnistiados todos los actos delictivos vinculados tanto a la consulta mencionada celebrada en 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017.
De manera inmediata, la Justicia deberá eliminar toda orden de busca, captura e ingreso en prisión, por lo que Puigdemont podría regresar a España. Para ello, los jueces cuentan con un máximo de dos meses desde que la nueva ley entre en vigor, coincidiendo con la publicación de la norma en el BOE. De esta forma, Junts y ERC han querido limitar el poder de los jueces y, sobre todo, evitar que el asunto se pueda elevar al Tribunal de Justicia de la UE, algo que ralentizaría todo el proceso. Además, todos los empleados públicos con antecedentes se reintegrarán en el sistema con la desaparición de los cargos.
Beneficiados de la Ley de Amnistía
El principal ganador de esta batalla ha sido Carles Puigdemont, cuyo regreso al país estaría estimado para el mes de julio. Sin embargo, el pacto alcanzado por el Gobierno junto a los partidos independentistas busca blindar a todos los condenados, independientemente de los cargos o las formas. Además, esto será extensible a las doce personas que ya han sido acusadas por terrorismo en el caso de los CDR, ya que no llegaron a cometer los ataques planeados. No obstante, todavía queda en el aire que pasará con la dirigente de Junts, Laura Borrás y con la acusación interpuesta al abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye.
Por otro lado, los agentes de policía imputados en el caso también verán perdonadas sus condenas, algo que afectaría positivamente al menos a medio centenar de personas.
