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El Senado se enfrenta a una delicada situación al considerar la presentación de un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional (TC) debido a lo que percibe como una invasión de competencias por parte del Congreso en la tramitación de la ley de amnistía. Aunque la decisión final aún no se ha tomado, pendiente de lo que decida la Mesa de la Cámara Alta el martes y la votación del Pleno 24 horas después, se espera una argumentación minuciosa por parte del Senado.
Una supuesta usurpación de competencias
El Partido Popular (PP), respaldado por su mayoría en el Senado, sostiene que esta tramitación constituye una reforma encubierta de la Constitución, acusando a la Cámara Baja de usurpar sus competencias en una modificación de la Carta Magna. Sin embargo, fuentes del TC muestran reticencia ante esta iniciativa anunciada por el PP, basada en un informe de los letrados del Senado. Destacan que no es suficiente argumentar una posible reforma constitucional, sino que el Senado debe detallar las competencias que considera que el Congreso ha invadido con la polémica medida de gracia al independentismo.
Por un lado, se descarta la posibilidad de una suspensión cautelar, argumentando que esta solo es aplicable cuando el Gobierno impugna una disposición de una comunidad autónoma por considerar que se atribuye competencias estatales. Además, el Tribunal Constitucional podría rechazar incluso considerar la suspensión de la tramitación de la ley de amnistía si no admite el conflicto de atribuciones planteado por el Senado.
Unos tiempos ajustados
Los plazos también juegan en contra de la iniciativa del Senado para frenar la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional. Aún no se ha presentado el requerimiento al Congreso, lo que se espera que ocurra la próxima semana, y una vez hecho, la Cámara Baja tiene un mes para responder antes de que el Senado pueda dirigirse al TC.
Si el Tribunal Constitucional rechaza la suspensión cautelar, pero admite el conflicto de atribuciones, se abrirá un periodo de alegaciones de al menos dos meses, durante el cual la ley de amnistía podría entrar en vigor. Esto podría llevar a que el TC argumente que el recurso ha perdido su objeto con la ley ya aplicándose, especialmente si el Senado no puede retener el texto más allá del plazo establecido.
Una ley imparable
En el Tribunal Constitucional señalan que el paso dado por el Senado, de llevarse a cabo, «no paralizará la tramitación de la ley», aunque admiten que el Senado podría optar por no continuar con la tramitación a la espera del pronunciamiento del Constitucional. Subrayan que, si se admite el conflicto de atribuciones, la tramitación llevará varios meses y la decisión final tardará más de un año en conocerse.
Además, con la ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el PP tendrá la opción de presentar un recurso de inconstitucionalidad en un plazo de tres meses, lo que se solaparía con el conflicto de atribuciones del Senado. Aunque el PP podría solicitar una suspensión cautelar, los precedentes no favorecen esta posibilidad, como ocurrió cuando solicitó la suspensión cautelar de la ley del aborto y fue rechazada por el Pleno del Tribunal Constitucional.
