La Audiencia Nacional de España ha dictaminado que la pobreza en Marruecos no constituye un motivo válido para recibir asilo en territorio español. Esta decisión se produjo en el contexto de un caso presentado por un ciudadano marroquí que intentó obtener protección internacional tras ingresar a la ciudad autónoma de Ceuta nadando, durante la crisis migratoria irregular que tuvo lugar en mayo de 2021.
El tribunal también rechazó la solicitud de protección subsidiaria del hombre, argumentando que Marruecos no está atravesando un «conflicto armado grave de naturaleza étnica o religiosa» que pudiera justificar la concesión de este tipo de protección. En su fallo, la corte subrayó que la situación alegada de «pobreza o necesidades de carácter laboral y económico» no es suficiente para considerarse como pertenencia a un grupo social particular, que es uno de los requisitos clave para poder recibir asilo, según la Convención de Ginebra.
La Audiencia Nacional calificó como «forzadas» las declaraciones del solicitante sobre el «terror de morir por no poder alimentarse». Según el tribunal, el deseo de mejorar las condiciones de vida no se ajusta a las circunstancias contempladas por la normativa internacional y española que regula el derecho de asilo y la protección subsidiaria. Estas leyes establecen que para recibir asilo, una persona debe estar perseguida por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico o por sus opiniones políticas. La protección subsidiaria, por su parte, se concede a quienes no califican para el asilo, pero corren riesgo de sufrir daños graves en caso de ser retornados a su país de origen.
Hasta la fecha, en 2024, cerca de mil ciudadanos marroquíes han solicitado asilo en Ceuta, superando la cifra combinada de 883 solicitudes registradas durante los dos años anteriores. Sin embargo, más del 90% de estas peticiones son rechazadas por las autoridades españolas. A pesar de esto, mientras sus casos están en proceso, los solicitantes de asilo tienen derecho a moverse libremente por el territorio español.
La situación en la frontera sur de España se ha vuelto cada vez más tensa en los últimos años, ya que muchos migrantes intentan ingresar a territorio europeo a través de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Aunque el gobierno español ha adoptado medidas para fortalecer el control fronterizo y ha implementado políticas para gestionar el flujo migratorio, la cuestión de cómo tratar a los solicitantes de asilo sigue siendo un desafío tanto a nivel nacional como europeo.
Esta sentencia de la Audiencia Nacional refleja la postura del gobierno español de limitar la concesión de asilo y protección subsidiaria, especialmente a ciudadanos de países que no se consideran en conflicto abierto o bajo un régimen de persecución sistemática. No obstante, las organizaciones de derechos humanos han criticado esta interpretación, argumentando que la pobreza extrema y la falta de oportunidades en los países de origen son factores que obligan a muchas personas a emigrar, y que deberían ser considerados a la hora de evaluar las solicitudes de asilo.
El abordaje del fenómeno migratorio en la frontera sur de Europa, en un contexto de creciente presión migratoria y desafíos humanitarios, sigue siendo objeto de intenso debate en España y en toda la Unión Europea.
