La Comisión Europea ha comenzado a estudiar una denuncia presentada por la asociación Hazte Oír contra el reciente nombramiento de José Luis Escrivá como Gobernador del Banco de España.
Escrivá, exministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y más tarde ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, fue designado para dirigir el Banco de España en septiembre por el presidente Pedro Sánchez.
La denuncia presentada por Hazte Oír sostiene que este nombramiento representa una injerencia política del Gobierno en el funcionamiento del Banco de España. Según el texto, “nombrar a un integrante del Gobierno para ejercer la dirección del Banco de España implica una clara voluntad de influir en los órganos rectores de la institución”.
La asociación alega que esta decisión puede comprometer la independencia del banco, que debería actuar con criterios técnicos, en lugar de seguir los intereses del Gobierno. La Comisión Europea ha comunicado a Hazte Oír que su denuncia será revisada por los servicios competentes para determinar si existe una posible violación del derecho de la Unión Europea.
LA UE estudia el polémico nombramiento de Escrivá
El organismo indicó que evaluará los hechos a la luz de las normas europeas y decidirá si procede iniciar un procedimiento de infracción contra el Gobierno español. Si la Comisión concluye que ha habido una vulneración de las leyes europeas, enviará un “escrito de requerimiento” a España solicitando explicaciones. Dependiendo de la respuesta del Estado o de su falta de respuesta, la Comisión podría emitir un “dictamen motivado”, ordenando al país ajustarse al derecho de la Unión Europea en un plazo determinado.
La denuncia presentada ante la Comisión recalca que el presidente Pedro Sánchez, en virtud de la Ley de Autonomía del Banco de España, ha propuesto como Gobernador a José Luis Escrivá, quien hasta el 5 de septiembre formaba parte de su gabinete. Hazte Oír argumenta que esta designación supone un “ataque a la independencia” de la entidad, dado que Escrivá ha ocupado cargos políticos de alto nivel en los últimos años.
El escrito concluye con la solicitud de que la Comisión Europea tome medidas contra el Gobierno español, incluyendo la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, TFUE, que regula el cumplimiento de las leyes europeas por parte de los Estados miembros.