La DANA que azotó Valencia dejó tras de sí un escenario devastador, pero también sacó a la luz las precarias condiciones en las que trabajan los militares y guardias civiles desplegados en la zona. Tiendas de campaña, literas de lona y falta de compensaciones justas marcan la realidad de estos efectivos, quienes denuncian la ausencia de medidas adecuadas por parte del Gobierno.
Condiciones inadecuadas para los militares
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha señalado las carencias en el alojamiento de los militares enviados a Valencia para apoyar en las labores de recuperación. A 75 días del inicio de la operación, muchos de ellos continúan durmiendo en tiendas de campaña y literas de lona tras jornadas de 12 horas diarias. Esta situación resulta insuficiente para garantizar un descanso adecuado, especialmente en un despliegue de estas características.
La ATME ha propuesto la instalación de módulos de contenedores apilables, que ofrecerían mejores condiciones de comodidad y seguridad. Estos módulos, disponibles en las Fuerzas Armadas o accesibles mediante alquiler, representan una solución eficaz, pero el Ministerio de Defensa no ha respondido a la solicitud. Defensa justifica la operación como una misión militar, lo que, según ATME, es un argumento injustificado dada su naturaleza humanitaria y nacional.
Otro aspecto alarmante es la falta de información sobre los heridos y protocolos de actuación en los primeros días de la operación. La ATME ha denunciado que el Ministerio de Defensa se niega a proporcionar datos sobre los militares intoxicados y lesionados, a pesar de que la ministra Margarita Robles admitió la existencia de afectados. Además, en los primeros días no se aplicaron protocolos de seguridad adecuados, exponiendo a los efectivos a peligros innecesarios durante tareas como la limpieza de garajes inundados.
El secretismo del Ministerio, que alega confidencialidad por tratarse de una “operación militar”, ha sido criticado por ATME, que considera esta actitud una falta de respeto hacia los militares y sus familias. “Es inadmisible tratar esta misión como una operación internacional cuando se lleva a cabo en territorio nacional”, señalaron desde la asociación.
Discriminación en la Guardia Civil
La situación de los guardias civiles tampoco es mejor. Aunque se estableció un plus de 100 euros diarios para los agentes desplazados, este beneficio tiene como límite el 21 de diciembre. Esto ha generado una “injusta discriminación” entre los agentes que trabajaron después de esa fecha realizando las mismas funciones. “¿Por qué los días posteriores no se reconocen de la misma manera?”, cuestionan los afectados.
Además, muchos agentes han tenido que adelantar de su propio bolsillo los gastos de manutención y alojamiento debido a la falta de pago de dietas. Según la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), esta situación es vergonzosa, ya que los agentes y sus familias terminan financiando su trabajo. “Es indignante que mientras se recortan gastos esenciales, se prioricen compras como bastones de mando”, denunció el portavoz Pedro Carmona.
Las críticas hacia la gestión gubernamental no cesan. Tanto los militares como los guardias civiles demandan mejoras inmediatas en sus condiciones y mayor transparencia. La negativa del Ministerio de Defensa y la Dirección General de la Guardia Civil a abordar estas problemáticas evidencia una gestión ineficiente que no prioriza el bienestar de quienes están en primera línea.
Mientras los efectivos continúan trabajando en condiciones precarias, la opinión pública y las asociaciones militares y policiales exigen respuestas claras y acciones concretas. La falta de inversión en alojamientos adecuados, el secretismo sobre los heridos y las desigualdades en las gratificaciones son solo algunas de las muestras de una gestión que deja mucho que desear.
