La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado la imputación del líder del partido Se Acabó La Fiesta , Luis ‘Alvise’ Pérez, por un presunto delito de desórdenes públicos durante las protestas contra la amnistía que tuvieron lugar en noviembre de 2023 en las inmediaciones de la sede del PSOE en Madrid . Este movimiento se produce tras la remisión al alto tribunal de la denuncia presentada contra el político, ahora eurodiputado, cuyo aforamiento corresponde a la Sala Segunda del Supremo.
La acusación de la Fiscalía se fundamenta en la difusión, entre los días 5 y 7 de noviembre de 2023, de varios mensajes en el canal de Telegram de Alvise Pérez, el cual supera los 313.000 seguidores. En dichos textos, presuntamente se habría incitado a cometer desórdenes públicos y a realizar acciones calificables como atentado o resistencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, la Fiscalía advierte de que en esos contenidos se habrían promovido la elaboración y el uso de sustancias que podrían entrañar un “gran perjuicio” para la salud de las personas.
La Fiscalía enfatiza que el canal de Telegram de Alvise es “abierto al público” y disfruta de una “elevada capacidad de difusión” a tenor de su considerable número de seguidores. En este sentido, el informe del Ministerio Público concluye que existen indicios suficientes para imputar a Pérez como presunto autor de un delito de desórdenes públicos, tal y como recoge el documento al que ha tenido acceso Europa Press.
El aforamiento de Alvise
El procedimiento llegó al Tribunal Supremo después de que el Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid estimara que Alvise, al haberse convertido en diputado del Parlamento Europeo, ostenta la condición de aforado, lo cual traslada la competencia para investigar los hechos a la Sala Segunda del alto tribunal. De acuerdo con la legislación vigente, la Sala ha de solicitar un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder suspender la inmunidad de Pérez y así tomarle declaración formal por los hechos denunciados.
Con la solicitud de suplicatorio en marcha, habrá que esperar la respuesta del Parlamento Europeo para conocer si el eurodiputado perderá la inmunidad que le protege en la actualidad. La Fiscalía sostiene que de confirmarse los indicios, las convocatorias y mensajes difundidos por Alvise podrían suponer un ataque al orden público, al promover presuntamente actos violentos o altercados que implicarían el uso de la fuerza contra los agentes policiales.
Mientras tanto, tanto la defensa de Alvise Pérez como su entorno político han negado cualquier responsabilidad penal en los disturbios de Ferraz y han enmarcado sus mensajes en la libertad de expresión y la crítica política. De confirmarse la imputación, el dirigente de SALF se vería obligado a comparecer ante el Tribunal Supremo para dar explicaciones sobre las acusaciones que pesan en su contra.
